Divulgación de La Justicia de Paz: Ley 497 de 1999.
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Créditos del diario El espectador de Colombia.
Claves para enderezar la Justicia Especial para la Paz
¿Por qué es un error sacar de la JEP a los civiles, mantener el régimen de inhabilidades que aprobó el Congreso para los magistrados y no avanzar en las normas de este tribunal? Expertos en el tema se lo aclaran.
Alejandro Aponte, director de justicia transicional de la U. de la Sabana; Fidelma Donlon, secretaria ejecutiva de las Salas Especiales del Tribunal de Kosovo; Gloria Castrillón, directora editorial Colombia 2020; Kai Ambos, magistrado de Tribunal Especial de Kosovo y Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ./ Cristian Garavito
Un llamado a la grandeza para entender el momento histórico que vive Colombia se hizo ayer a los políticos y magistrados de la Corte Constitucional que tienen la responsabilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se establezca conforme a los estándares internacionales. Esa fue una de las principales conclusiones del evento nacional de Justicia para la Paz, el capítulo del proyecto Colombia 2020de El Espectador que se realizó ayer.
El encuentro abordó las lecciones y experiencias internacionales, especialmente de Kosovo y Bosnia, para instalar esta jurisdicción especial, pero no pudo escapar a las preocupaciones que existen hoy sobre cómo se viene reglamentando la JEP en Colombia.
En ese sentido, el profesor alemán Kai Ambos, doctor en derecho de la Universidad de Múnich y una de las voces más autorizadas en temas de justicia transicional en el mundo, criticó el régimen de inhabilidades que aprobó el Congreso y hoy estudia la Corte Constitucional. De acuerdo con la ley estatutaria, los magistrados de la JEP que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos deberán declararse impedidos. “Las inhabilidades que aprobaron para los magistrados son el fin de la JEP si no se declaran inexequibles”, dijo Ambos al respecto, porque en la práctica esto quiere decir que casi la mitad de los magistrados escogidos no pueden serlo.
Además dijo que este régimen “discrimina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quienes hayan litigado en este escenario no podrán ser magistrados. Eso es el colmo”. Por eso espera que la Corte Constitucional declare inconstitucional este punto de la ley estatutaria que reglamenta este sistema especial de justicia.
Lo mismo espera Patricia Linares, presidenta de la JEP, quien lamentó el régimen de inhabilidades aprobado y señaló que es contrario a la Constitución Política. Linares aseguró que la JEP será de paz y para la paz, “no para juzgar ideologías”.
“Necesitamos el poder del derecho, pero estamos viendo la lucha del poder sobre el derecho y esto tiene que cambiar”, dijo en este mismo escenario el embajador de Alemania en Colombia, Michael Bock.
Otro de los puntos de la JEP más polémicos y que generaron mayor preocupación durante el encuentro fue la decisión de la Corte Constitucional de sustraer la competencia de los terceros civiles a la JEP, al volver voluntaria su comparecencia ante este sistema especial. Esto deja por fuera a empresarios, políticos y funcionarios.
Una decisión “muy discutible”, según María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional de Justicia.
A su modo de ver, este argumento de la Corte es al menos “contrafáctico”, porque la justicia ordinaria ha dado muy pocos resultados como para ser realmente la salida de justicia y sanción de los delitos de civiles. “¿Cuántas imputaciones existen hoy que hacen parte de las compulsas de copias de Justicia y Paz en los últimos dos años en contra de financiadores del conflicto? (Al menos 15.000). ¿Cuántas condenas hay? (Ninguna)”.
En ese sentido, según Moreno, esto abre la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Moreno, la preocupación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, es pertinente, porque “nos podríamos enfrentar a que la justicia ordinaria se configure como un escenario de impunidad y a la JEP lleguen muy pocos civiles de manera voluntaria”. Esa decisión debilita profundamente el modelo mismo, según Moreno, porque su valor agregado era que iba a hacerse cargo de todos los hechos del conflicto y de todos los actores que hicieron parte.
La expectativa de las víctimas
Pastora Mira, quien vio caer asesinados a su padre, un esposo y dos de sus hijos, también estuvo en este encuentro y pidió, de cara a la Jurisdicción Especial para la Paz, que quienes padecieron directamente la guerra puedan participar y conozcan la verdad. “Necesitamos que se nos garantice un escenario de participación a través de diálogos amplios para participar efectivamente en los procesos judiciales”, afirmó.
También recordó la experiencia de la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se llevó a cabo la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en medio de la cual las víctimas tuvieron muchos problemas logísticos y económicos para llegar a las audiencias en las que eran juzgados los comandantes de las Auc. Luego de insistir, lograron que las audiencias de los jefes paramilitares se retransmitieran por medios electrónicos a los que tenían acceso las víctimas.
La participación y representación que deben tener las víctimas en los procesos de justicia transicional, la divulgación de lo que pasa en los juicios y la forma como deben seleccionarse los casos victimizantes para que vayan a juicio fueron también algunos de los temas centrales que trató durante el conversatorio Fidelma Donlon, secretaria ejecutiva de las Salas Especiales del Tribunal de Kosovo.
Ante la pregunta de cómo encontrar equilibrio entre las necesidades que tienen las víctimas de ser escuchadas y reparadas y las limitaciones que tienen las cortes de justicia transicional para escucharlas a todas, Donlon resaltó que, por ejemplo, en el Tribunal de Kosovo se eligieron abogados que fueron defensores legítimos de grupos de víctimas. Estos abogados tenían que ir a la región y sentarse a hablar realmente con las víctimas. Esa fue la manera en la que en ese país se intentó escuchar todas las voces perjudicadas por la guerra.
“La corte debe ser clara: no seremos capaces de escuchar y remediar a todos, pero sí estamos comprometidos a trabajar con las víctimas para hacerlas sentir que estamos ahí por ellas y para ellas”, resaltó esta abogada irlandesa que desde 1999 ha estado vinculada a los tribunales internacionales de Bosnia, la antigua Yugoslavia y Sierra Leona.
'La norma de inhabilidades es un peligro increíble': Kai Ambos
Tres puntos clave tocó el profesor alemán Kai Ambos en el conversatorio organizado por el capítulo Justicia para la Paz de Colombia 2020 de El Espectador: inhabilidades a los magistrados de la JEP, selección y priorización de casos a investigar y la responsabilidad de mando.
Kai ambos es juez de las Salas Especializadas de Kosovo y aspira a hacer parte de la JEP como Amicus Curiae. / Cristian Garavito - El Espectador
“Las inhabilidades que aprobaron para los magistrados son el fin de la JEP si no se declaran inexequibles”, así se refirió el profesor alemán, y juez de las Salas Especializadas de Kosovo, Kai Ambos, a la modificación al artículo que inhabilita en la JEP a las personas que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos. Esto, dijo Ambos, dejaría por fuera a la mitad de los magistrados, ya elegidos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Además, dijo que este régimen discrimina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque quienes hayan litigado en este escenario no podrán ser magistrados. Espera que la Corte Constitucional se pronuncie y si no declara inexequible este punto de la Ley estatutaria para el sistema de justicia transicional, los magistrados deberán dimitir.
Otra de los puntos que más generaron debate fue la selección y priorización de casos que la JEP tendrá que investigar. ¿Cómo escogerlos? ¿Cuáles son los principios que se usarán para hacer la selección? ¿Existe una definición de ‘selección y ‘priorización’?
Ambos resaltó que Colombia está avanzando, aunque lentamente, en la construcción del sistema de justicia, por lo que hay que tener paciencia. Y que, si bien en Colombia “son capaces de hacer buenas normas”, no existe una claridad de cómo se van a implementar. Por ejemplo, se decidió que uno de los criterios para la selección y priorización de crímenes es la sistematicidad. Sin embargo, no hay una única definición de ese concepto. “Este tema genera frustración porque implica que se seleccionarán unos casos y otros no. El mismo proceso es frío”, dijo Ambos.
También, desde su experiencia en tribunales internacionales, el profesor Ambos habló de cómo ha funcionado la responsabilidad de mando en otros casos, y resaltó que el pilar de la JEP es la Unidad de Investigación y Acusación. “En Kosovo estamos esperando los casos investigados y solo con las investigaciones podremos actuar como jueces”, dijo. Así, entonces, se refirió a que la investigación de la cadena de mandos militares debe ser esclarecida para empezar a juzgar, pues no es lo mismo un militar que vio a sus subalternos cometer delitos y no hizo nada a uno que, por ejemplo, estaba por fuera del país, pero por su cargo es responsable de los hechos.
El caso de las empresas también fue materia de conversación. "No se puede financiar una guerra sin empresas. No se puede financiar paramilitarismo sin empresas", dijo al referirse al caso alemán en la búsqueda de máximos responsables. En Colombia, estos terceros civiles responsables no están obligados a comparecer ante la JEP, por lo que Ambos puso el ejemplo de lo que podría suceder: "Uno podría decir 'bueno, los máximos responsables son estos', que financian y se benefician de estos conflictos y según la nueva situación ahora no se tienen que presentar a la JEP. Y al final van a hacer una ponderación si es mejor la justicia ordinaria o la JEP y decidirán 'bueno, no me someto a la JEP', y vamos a tener impunidad".
Al final también se refirió al vacío normativo que sigue existiendo en la JEP hoy: ‘Hay un problema que podría quebrar la JEP y es que no hay reglamento interno ni normas procedimentales. ¿Cómo se puede escoger jueces sin tener normas para funcionar?’, concluyó.
Sentencia No. C-536/95 JUEZ DE PAZ-Naturaleza jurídica La institución de los jueces de paz se inscribe dentro del concepto de democracia participativa, al permitir la intervención del ciudadano en el cumplimiento de funciones del Estado, como lo es, en este caso, la judicial. Por otra parte, esta institución guarda también relación con algunos de los deberes que la Constitución consagra a cargo de la persona y del ciudadano, concretamente los de “propender al logro y mantenimiento de la paz” y el de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. La norma constitucional encargada de regular las atribuciones de los jueces de paz, les asigna -de acuerdo con las prescripciones legales- la posibilidad de resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios. Al respecto, debe señalarse que el propósito fundamental de la actividad a ellos encomendada es la de que a través de sus decisiones se logre o se contribuya a lograr la paz, es decir, a alcanzar una
Ley 1448 del 2011: MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL : ARTICULO 1·, OBJETO. l.a presente ley liene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y cotectivasas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el articulo 3D de la presente Ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de victimas y se dignifique a través de la matetialización de sus derechos constitucionales. Ley de Justicia y Paz lleva diez años y no fue tan efectiva como en el modelo del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.Colombia es un país contrasentido en aspecto de la justicia; así parece; sin embargo hay diferentes mecanismos para el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se han pu
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