jueves, 23 de febrero de 2012

SRPA Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes enColombia.

Les comparto, de un correo recibido de Carmen Tulia ,de la red de Asistentes Judiciales: diagnóstico de la comisión que trabajó durante 6 meses para evaluar el SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes) en Colombia,y ventilar las principales recomendaciones que de ser tenidas en cuenta tendrán que hacer ajustes a la normatividad vigente.
Carmen T.

Informe de comisión interinstitucional

Caos en el sistema penal juvenil

Por: Redacción Vivir

¿Cuál sería la fórmula ideal para sancionar a los adolescentes infractores? Se propone que sea manejada por el Ministerio de Justicia y que la privación de la libertad sea la última opción.


En el último año 10.000 menores  de edad fueron atendidos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (entre 14 y 17 años). / David CampuzanoEn el último año 10.000 menores de edad fueron atendidos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (entre 14 y 17 años). / David Campuzano


Las fallas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia son claras. Evidentes. Incluso reconocidas por el mismo Gobierno: hay hacinamiento en los centros de reclusión, el presupuesto es insuficiente, no se cumplen los programas de resocialización, en la mayoría de los municipios ni siquiera existen los espacios físicos adecuados para recibirlos, no se hace seguimiento ni acompañamiento a los jóvenes que salen del sistema y falta claridad en los roles de cada actor dentro del proceso.

El diagnóstico lo dio una comisión interinstitucional (conformada por representantes del Gobierno, de la academia y de ONG), que durante seis meses trabajó en la elaboración de una propuesta clara y detallada, para que tanto el Gobierno como el Congreso se pongan al frente de esta problemática. Si sus recomendaciones son atendidas, para empezar, el Ministerio de Justicia sería el ente rector de estos centros. Es decir, tal y como se había anunciado en septiembre del año pasado y finalmente no ocurrió, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) perdería la responsabilidad de administrarlos.

“Hablamos del Ministerio de Justicia, pero no del Inpec porque es claro que no puede ser el mismo tipo de privación de libertad que se hace con los adultos”, explica Luz Alcira Granada, integrante de la comisión y representante de Alianza por la niñez colombiana. El Minjusticia tendría también la responsabilidad de definir los roles, las competencias y el alcance de las entidades territoriales intermedias dentro del sistema.

¿Qué papel cumplirían la Policía, las alcaldías y los defensores? ¿A quién le compete, por ejemplo, la seguridad dentro de estos centros? Aquí habría que recordar que el año pasado en Cali, Pereira y Bogotá se presentaron disturbios e incluso fugas de estas instituciones, y tanto el ICBF como la Policía se culparon mutuamente de las falencias en seguridad.

El año pasado, en entrevista con El Espectador, la subdirectora de responsabilidad penal del ICBF, Francia Elena López, aseveró que aunque la responsabilidad de la seguridad es de la Policía Nacional, había “un vacío en las normas, porque no determinaron cómo hacerlo”.

Siguiendo con las recomendaciones, el ICBF tendría a su cargo el proceso de restablecimiento de derechos, que es lo que defendía en su momento la exdirectora de esta institución, María Elvira Forero. En reiteradas ocasiones Forero declaró que su responsabilidad era garantizar y restablecer los derechos de los niños. Y en este mismo sentido Francia Elena López sentenció que no era trabajo del Instituto “atender la seguridad de los centros ni mantener los cupos para la atención de los menores (entre 14 y 17 años)”.

Las sugerencias también se refieren a las sanciones que deberían ser aplicadas para los menores de edad infractores. Precisamente en junio del año pasado fue aprobado (dentro del Estatuto de Seguridad Ciudadana que hizo trámite en el Congreso) un apartado que endureció sus penas. Se estableció que aquellos menores que habían recibido la máxima pena (que es de ocho años) debían cumplir la sanción en su totalidad, no como estaba sucediendo que a los 21 años los menores estaban quedando en libertad. Es decir, un asesinato cometido por un joven de 17 años le representaba sólo cuatro de sanción.

Sobre las sanciones, el documento pide que la privación de la libertad sea la última medida tomada por los jueces, “no la primera, como está sucediendo hoy”, dice la representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien ha liderado las discusiones sobre esta temática desde el Congreso. Según ella, el ICBF debe ser el encargado de definir unos decretos reglamentarios, unos “lineamientos técnicos”, para establecer cómo aplicar las otras sanciones que establece el Código de Infancia y Adolescencia, y que no son aplicadas por “desconocimiento”.

Hoy los menores infractores pueden ser sancionados con amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, internación en medio semicerrado y privación de la libertad. Precisamente el director del ICBF, Diego Molano, hizo un llamado para que los jueces de menores cambien su forma de impartir sanciones y se concentren en la “implementación de penas de justicia restaurativa”. Es decir, propuestas como la del senador Roy Barreras de aumentar las penas máximas (que hoy son de 8 años) hasta 15 años, o de la senadora Gilma Jiménez, de que los menores infractores paguen sus penas en cárceles, están archivadas. Ni siquiera se contemplan.

Gina Parody, quien lideró la aprobación de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia en el Congreso en 2006, asegura que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no requiere modificaciones. Dice que es suficiente con que se “implemente lo que establece la ley”. Y va más allá al afirmar que los grandes cambios se deberían gestar “en corresponsabilidad” entre el Estado, las familias y las autoridades, para que la ilegalidad no sea una alternativa para los menores. “¿Estamos generándoles oportunidades desde la misma sociedad, en educación, recreación y deporte? Ese debería ser el gran cambio”.

En el mismo sentido se pronunció la representante Robledo, quien, además, recordó que las oportunidades de trabajo para los más jóvenes son mínimas en el país. “La tasa más alta de desempleo la tienen los jóvenes entre 14 y 26 años, con un 17% (DANE). Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo aún más alta: 23%. La de desempleo del país es del 9,8%. Es decir, el desempleo de las mujeres jóvenes es más del doble que el desempleo promedio de Colombia”.

Luz Alcira Granada aboga también que haya un cambio colectivo de mentalidad: “Se cree que los jóvenes y los adolescentes son quienes ocasionan los mayores problemas en términos de seguridad ciudadana o delincuencia, no es así: las cifras dan cuenta de que su participación en delitos es del 11,5% del total que se presentan en el país”. Explica, además, que están involucrados principalmente en delitos por hurto, tráfico de estupefacientes, distribución de armas ligeras y lesiones personales.

La directora de la Agencia Pandi, Ximena Norato, dice que lo relacionado con estupefacientes y armas “son delitos de adultos, que son los que le pagan al joven por vender la droga o transportar el arma. No podemos criminalizar a los adolescentes, sino garantizarles sus derechos integralmente”.

lunes, 20 de febrero de 2012

Maestros , ¡ a mucho honor !

Maestros, ¡a mucho honor!Un eminente neurólogo de la Universidad de Yale dedicado a estudiar la relación entre lectura y cerebro, comenzó su conferencia diciendo a las maestras de párvulos que era un honor compartir sus investiGaciones con ellas, que tenían a su cargo la importante tarea de construir el cerebro humano. Nada más y nada menos: el corazón y el cerebro. ¿No es un trabajo para quitarse el sombrero?

Por: YOLANDA REYES | 8:15 p.m. | 19 de Febrero del 2012

Yolanda Reyes

Contrariamente a lo que sucede en países como Finlandia, donde ser maestro tiene gran prestigio social, el maestro colombiano es considerado un profesional de segunda.

Comparte este artículo

¿No es un trabajo para quitarse el sombrero?

Una colega me contó que, en un congreso pedagógico, varios académicos españoles declararon que los maestros de su país eran excelentes, en tanto que otro objetó que no se podía generalizar, pues también había maestros apenas buenos, otros regulares y algunos malos. A una colombiana dedicada a formar maestros como ella, le pareció insólita la discusión porque aquí se parte de la generalización contraria: los maestros somos considerados pésimos; una caterva de 'izquierdosos', que hace paros para exigir reivindicaciones como salud, vacaciones y pensión, y que protesta porque le aumentan el número de estudiantes y la carga académica. ¿Estudiar pedagogía? Te vas a morir de hambre, es la reacción automática. ¿Acaso qué colombiano se enorgullece de tener un hijo maestro, como se ufana de tener hijos médicos o abogados?

Contrariamente a lo que sucede en países como Finlandia, donde ser maestro tiene gran prestigio social, lo cual se refleja en los resultados de las pruebas Pisa, en la excelencia requerida para ingresar a la carrera docente y en buenos salarios, el maestro colombiano es considerado un profesional de segunda. Si estudió pedagogía fue quizás porque no le alcanzó el Icfes para hacer "una carrera seria". Si pide un sueldo decente y tiempo remunerado para leer, investigar, preparar clases, evaluar o, simplemente, recuperarse de sus extenuantes jornadas, le endilgan "falta de mística". Porque esa es otra representación social: maestro se asocia con sacrificio, apostolado, paciencia y pobreza. ¿Quién no recuerda la expresión "el profesor Mockus", dicha con tono despectivo en la campaña presidencial? ¿O qué maestro colombiano ha llegado a ser ministro de Educación, por ejemplo?

Dice el periódico que, en el marco de la Estrategia De Cero a Siempre, "serán capacitados 46.000 agentes educativos" y, aunque entiendo que el término se acuñó para involucrar madres comunitarias, bibliotecarios, profesionales de la salud y familias en la educación inicial, se me ocurre que la denominación hace parte del mismo síndrome. ¿"Agente educativo" significa algo así como "proveedor de clases"? ¿Dirán los niños que su agente educativa les leyó un cuento o les secó las lágrimas? ¿Por qué no llamarnos maestros, ese sencillo título honorífico que se usa en otros países? Maestro Fuentes, Maestra Mistral... ¡Maestro!

En este pacto gubernamental por la educación, echo de menos una posición de fondo sobre el lugar del maestro, desde la educación inicial hasta la universitaria. ¿Cómo hablar de primera infancia, de Plan Nacional de Lectura, de reforma de la educación superior o de calidad educativa sin poner, no solo al niño, sino al maestro en el centro? ¿Es posible ser buen maestro sin condiciones dignas de salud, salario y descanso, sin horas para reflexionar, sin oportunidades de formación permanente y sistemática, y sin voz en los escenarios donde se toman decisiones? Si alguien ha sido maestro, sabrá lo que significa volver a casa después de la jornada escolar. Hagan la prueba y me cuentan si es injusto pedir recreo.

Por supuesto, no somos perfectos. Ni apóstoles ni héroes, pero tampoco villanos. Somos gente, simplemente. Con un oficio que casi a todos nos gusta y que intentamos hacer lo mejor posible, pese a las dificultades. Con hijos, parejas, miedos, sueños, y achaques -pues también nos enfermamos- y con una vida fuera del aula que afecta lo que enseñamos.

En otro congreso de educación inicial en Chile, Ken Pugh, un eminente neurólogo de la Universidad de Yale dedicado a estudiar la relación entre lectura y cerebro, comenzó su conferencia diciendo a las maestras de párvulos que era un honor compartir sus investigaciones con ellas, que tenían a su cargo la importante tarea de construir el cerebro humano. Nada más y nada menos: el corazón y el cerebro. ¿No es un trabajo para quitarse el sombrero?


lunes, 13 de febrero de 2012

Falsa desmovilización "El caso de Luis C. Restrepo es un complot contra el uribismo": 'Olivo Saldaña'

'

Falsa desmovilización

"El caso de Luis C. Restrepo es un complot contra el uribismo": 'Olivo Saldaña'Como “una cruzada en contra del uribismo”calificó el guerrillero desmovilizado Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’ el proceso que se adelanta en contra del excomisionado de paz Luis C. Restrepo por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc registrada en marzo de 2006.

Según 'Saldaña’ un grupo de abogados en nombre de la Fiscalía lo visitaron en diciembre pasado y a mediados de enero en su celda en la cárcel La Picotapara que declarara en contra del excomisionado de paz Luis C. Restrepo en el caso de la llamada falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.

En su explicación, el guerrillero manifestó que en ese momento conoció que el grupo de abogados fueron enviados por “los paramilitares extraditados” en Estados Unidos para que acusará al excomisionado de paz en este caso a cambio de beneficios jurídicos como el principio de oportunidad y el preacuerdo.

“Esas personas son los paramilitares extraditatos, aquí lo que hay es una venganza contra el doctor Retrepo, por parte de una tenaza de las Farc, los paras y la Fiscalía”, precisó el guerrillero desmovilizado en entrevista con la F.M, señalando que le mencionaron que los excomandantes 'paras' estaban muy molestos con el exfuncionario pues "los había engañado, desarmado y extaditado".

‘Saldaña’, quien en repetidas oportunidades ha cambiado su versión ante los hechos de la falsa desmovilización, manifestó además que el deseo de la Fiscalía es “meter” a una cárcel a Luis C. Restrepo y “humillar” a los miembros de las Fuerzas Militares.

“No puedo seguir intimidado, tengo que quitarme esta mordaza y me bajo de esta locomotora de la infamia, la cual está engranada desde Palacio, y a la que a mí a mi me subieron con un arma”, precisó.

Un plan para matarlo

Según ‘Saladaña’ aclaró que existe un plan para matarlo, precisando que en las últimas semanas fueron decomisadas por el Inpec dos armas de fuego “a escasos metros de mi celda”, precisando que en más de una oportunidad ha sido presionado y amenazado para declarar en contra del exfuncionario y un grupo de militares.

Según el guerrillero desmovilizado, los abogados le ofrecieron además 1.000 millones de pesos para que “hundiera” a Luis C. Restrepo y los coroneles Jaime Joaquín Ariza y el coronel Hugo Castellanos.

“Yo con tanta presión declaro en contra del excomisionado de paz y los militares, pero lo puedo jurar por Dios que Luis C. Restrepo no tiene nada que ver”, aclaró visiblemente alterado en la entrevista radial.

Y es que para el guerrillero, al que este lunes la Fiscalía le imputará cuatro delitos, la salida de Luis C. Restrepo del país se basa en el hecho de que “no tiene garantías procesales”.

“En esta presunta falsa desmovilización siempre tuve la firme y única intención de lograr que las personas que combatieron conmigo en las Farc abandonaran las armas, si existieron colados no es responsabilidad mía”, precisó.

Ante los cuestionamientos sobre su cambio de constantes versiones sobre el caso de La Cacica, así como el cambio de su abogado Jaime Restrepo, el guerrillero aseguró que todo eso se debió a las presiones hechas por la Fiscalía. “Yo no soy uribista, yo soy un marxista y quiero que se conozca toda la verdad”.


Colombia“Montaje de 'La Gaitana' fue planeado”: alias Biófilo Desmovilizado habló sobre el papel del ex co

Felipe Salazar, quien sería alias Biófilo, el jefe político de la compañía 'Cacica La Gaitana' de las Farc, desmovilizada ante el ex alto comisionado para la pazLuis Carlos Restrepo , narró el papel que este jugó en el proceso y cómo el montaje fue hecho para mejorar la percepción internacional de las desmovilizaciones en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Alias Biófilo, como fue identificado el supuesto desmovilizado de dicha compañía por el noticiero de televisión Noticias Uno, y quien se habría encargado de reunir a los falsos guerrilleros a desmovilizarse, dijo que “otro de los engañados fue la comunidad internacional".

'Biofilo' sostuvo que ese nombre se lo puso el día de la desmovilización, que en su organización era conocido como 'Chepe' o 'David'.

Insistió en la responsabilidad del ex comisionado Restrepo en la desmovilización del 7 de mayo de 2006 en Alvarado, Tolima, por lo que afirmó “fue determinante en que se lograra hacer este montaje y presentarlo al país como un éxito de la política de la seguridad democrática (…) su emisario (posiblemente el de Restrepo) nos dice que el Presidente está enterado y que es él quien ha dado la autorización para que se lleve a cabo la desmovilización” .

'Biófilo' dijo que “el país no fue el único engañado” sino también a comunidad internacional que apoyó las desmovilizaciones: “El país no fue el único engañado, fue la comunidad internacional que en un porcentaje muy alto, me atrevo a decir que entre el 70 y el 80%, fueron quienes desembolsaron dineros para el Proceso de Paz. No hablo únicamente en el caso de 'La Cacica Gaitana', hablo de todos los casos de desmovilización fraudulenta, porque los hubo” (SIC) .

Así mismo agregó: “los dineros en realidad salieron de parte de un narcotraficante Hugo Rojas Yepes, pero también salieron platas de la oficina del alto comisionado para patrocinar una fundación, Paz Mundial Colombia. Apoyando en esa fundación se mantenían callados y quietos a las personas que habían participado, no en la desmovilización, sino en la gestión que son otros de los que no se han nombrado”.

Según el noticiero “el nombre de dicha fundación aparece en la camiseta que vistió Olivo Saldaña el guerrillero que ayudó a planear la falsa desmovilización” .

Por otra parte, 'Biofilo' no se explica cómo ningún organismo del Estado se dio cuenta que se trataba de un montaje: “Un día después de la desmovilización participaron todas las instituciones que hacen parte del Comité Operativo para la Dejación de Armas, excepto la Fiscalía. Es decir, Bienestar Familiar, Registraduría, DAS, CTI y nadie se percató que ninguno, bueno la mayoría, no tenía antecedentes judiciales”.

También aseveró que los funcionarios del Gobierno que organizaron la desmovilización pusieron en peligro la vida de los 25 guerrilleros reales y las de los indigentes que se hicieron pasar por subversivos: “Estábamos a 20 kilómetros de La Caima, área guerrillera y cualquier error, una bala perdida, una mala avanzada, una guardia mal hecha podía presentar un peligro o riesgo de muerte para nosotros”.

'Biófilo' espera que después de su colaboración a la justicia tenga más garantías de seguridad para su vida.

Vea el perfil del ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo Así es parte de la vida del exfuncionario que ahora es considerado como fugitivo por la

De manera sorpresiva este jueves, pasado el mediodía, se conoció la noticia acerca de la orden de captura emitida en contra de Luis Carlos Restrepo, quien fuera el comisionado de paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y quien ocupó dicha dignidad entre agosto de 2002 y febrero de 2009.

Sus calidades como psiquiatra y psicólogo, sumados a sus conocimientos sobre el comportamiento humano, hicieron parte de los argumentos que sirvieron para su llegada al proceso de paz que marcó el mandato de Uribe. No en vano sus múltiples trabajos sobre violencia.

Sin embargo, este quindiano, nacido en Filandia en 1954, es recordado por ser uno de los protagonistas de las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Restrepo, quien cuenta con doctorado en medicina y cirugía de la Universidad Nacional y especialista en psiquiatría y magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, es desde este jueves uno más de los exfuncionarios de la Casa de Nariño, a quien las autoridades buscan para que responda ante la justicia por dos procesos.

El primero, y precisamente el que más ha trascendido es el relacionado con la supuesta falsa desmovilización de la llamada compañía ‘Cacica Gaitana’ de las Farc, una de las banderas que en su momento ondeó Uribe.

En segundo lugar está el proceso relacionado con las declaraciones dadas por Restrepo acerca de que el actual esposo de la Fiscal General de la Nación, Carlos Alonso Lucio, tendría nexos con los paramilitares.

Recio seguidor del uribismo, Restrepo, de quien se dice salió del país en la noche del miércoles, deberá ahora soportar la carga que desde ya se anunció desde la Fiscalía como de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, en cuanto a los mecanismos para dar con su paradero y así evitar que los procesos en los está implicado no se le adelanten como persona ausente.

Las versiones acerca de la inminente salida del país de este excomisionado se conocieron a inicio de semana, cuando se mencionó que el expresidente Uribe le habría hecho tal recomendación.

Ese consejo, tal como parece, fue atendido sin demora. Y no era para menos, si se tiene en cuenta que Restrepo en su vida pública ocupó además de la dignidad como consejero de paz, la de presidente del partido de la U, movimiento que precisamente avaló su candidatura a la cámara de Representantes por Bogotá, y que fue hecha por Restrepo el 16 de diciembre de 2009, pero renunció a tal aspiración el 14 de enero de 2010.

viernes, 10 de febrero de 2012

Convenio 01 de 2010 celebrado con el Ministerio del Interior y de Justicia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto Nacional de Medi

Actualización del listado de personas Identificadas convenio 01 de 2010

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

En el marco del Convenio 01 de 2010 celebrado con el Ministerio del Interior y de Justicia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publica la actualización del listado de 5.079 personas identificadas.

Descargue el listado aqui

Recordamos que el objetivo de dicho convenio es la identificación de personas fallecidas por medio de la comparación de huellas dactilares de los archivos existentes en la Registraduría cuando se tramitó la cédula de ciudadanía, con las huellas tomadas después del fallecimiento, en algunos casos de fechas relacionadas desde décadas anteriores.

Si usted encuentra a un familiar en este listado por favor comuníquese al teléfono: 4069977 Ext. 1123 en los siguientes horarios: Lunes a viernes: 07:00 am a 07:00 pm, · Festivos: 7:00 am a 1:00pm (los domingos no hay servicio), si usted reside en la ciudad de Bogota puede dirigirse a la Calle 7ª No. 12-61 Primer piso.

Descargue el listado aqui

Jueces enviarán a agresores de mujeres a rehabilitación.En Costa Rica.


HTTP://WWW.NACION.COM/2010-07-12/ELPAIS/NOTAPRINCIPAL/ELPAIS2430965.ASPX

PENA ALTERNATIVA A LA CÁRCEL

Jueces enviarán a agresores de mujeres a rehabilitación

Fiscala de violencia doméstica estima que tal medida reducirá las agresiones

Inamu certificará y regulará a entidades que den tratamiento a los ofensores

Alonso Mata B.

Los jueces penales tendrán la opción de enviar a rehabilitación a los agresores de mujeres como una medida alternativa a la cárcel, con el propósito de que esas personas reciban terapia especializada para corregir sus conductas.

Tal potestad se podrá aplicar para los condenados a un período inferior a los tres años por violación a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Eugenia Salazar, fiscala adjunta de violencia doméstica y delitos sexuales, destacó que la medida pretende una solución más integral a la violencia de género.

“Condenar a alguien o mandarlo a la cárcel no soluciona el problema en todos los casos; lo que hay que hacer es corregir los patrones culturales y abordar los factores sociales que inciden en los comportamientos de los ofensores”, dijo.

Para la fiscala, la alternativa de la rehabilitación podría disminuir la agresión contra las mujeres porque establece una contención más efectiva contra los agresores, incluso, en algunos casos, que la cárcel.

La opción de enviar a terapia a los atacantes como una medida alternativa a la prisión la establece el artículo 16 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres; no obstante, para que la medida se ponga en práctica el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) debe certificar a las organizaciones que brinden los tratamientos.

Precisamente, la semana pasada el Inamu presentó a las instituciones interesadas el sistema de acreditación y regulación que aplicará; en otras palabras, los requisitos que deben cumplir para dar la rehabilitación, así como los contenidos mínimos de los programas.

En los próximos días se iniciará con los procesos de certificación, por lo que tanto las autoridades del Inamu como del Poder Judicial consideran que entre un o dos meses se podrá enviar a los agresores a recibir la atención que requieren.

La disposición de someter al condenado a tratamiento puede ser dictada por el juez, solicitada por el fiscal o acordada entre la defensa y el Ministerio Público.

Tratamiento. Maureen Clarke, presidenta ejecutiva del Inamu, explicó que el tratamiento que se le dé a los ofensores deberá cumplir altos estándares. La terapia será evaluada continuamente.

“Se deberá reprogramar la masculinidad, abordar el problema desde la raíz”, manifestó.

Clarke no detalló cuánto tiempo tardaría el tratamiento para los atacantes, pero indicó que será “el que sea necesario”.

Enfatizó que el Inamu no puede garantizar que la rehabilitación corrija del todo al agresor, pues hay factores conductuales y psicosociales que varían según el individuo.

Entre las entidades interesadas en brindar la capacitación se destacan el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Wem de Masculinidades, la Fundación Ser y Crecer y las municipalidades de Belén y Vázquez de Coronado, por ejemplo.

Las autoridades del Inamu y del Poder Judicial esperan que los programas de rehabilitación para los atacantes no solo se impartan a personas condenadas, sino que sirvan como un instrumento de prevención de violencia.

Un objetivo es que los talleres y capacitaciones se realicen en comunidades, colegios o empresas con el fin de que los agresores en potencia detecten su problema y busquen ayuda para corregirlo.