sábado, 19 de diciembre de 2009

El Delito invisible

Con la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989 el sistema internacional de protección de derechos
humanos adoptó disposiciones expresas para la prohibición del reclutamiento
y la utilización de niños y niñas menores de 15 años por los grupos
armados.
En febrero de 2002, una vez que entró en vigor el Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños y niñas
en los conflictos armados, la edad de vinculación a grupos armados estatales y
no estatales fue elevada a 18 años.
El Protocolo, ratificado por Colombia el 25
de mayo de 2005, prohíbe el reclutamiento obligatorio de niños y niñas menores
de esa edad en las fuerzas armadas estatales. En relación con los grupos
armados distintos a las fuerzas armadas estatales, prohíbe reclutar o utilizar en
hostilidades, bajo cualquier circunstancia, a cualquier menor de edad.

Es importante señalar que Colombia, al ratificar la Convención el 28 de enero
de 1991, hizo una reserva por la cual consideró que la edad mínima para que las
personas pudieran participar directamente en hostilidades sería de 18 años, con
lo cual se adelantó a la restricción de mayor protección del Protocolo.

No obstante, la utilización de niños y niñas en conflictos armados sigue
siendo una triste realidad en varios países del mundo, entre ellos Colombia, y
un motivo de gran preocupación para la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
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Según estimaciones de la Oficina de la Representante Especial del Secretario
General de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, en
la última década más de seis millones de niños y niñas del mundo resultaron
heridos, lesionados, discapacitados o mutilados; dos millones perdieron la vida;
13 millones se convirtieron en víctimas del desplazamiento interno y 10 millones
más en refugiados. Se estima que anualmente 10.000 niños son víctimas
de minas antipersonal, que un número similar es víctima de delitos sexuales
cometidos con ocasión de conflictos armados y que hay al menos un millón de
menores huérfanos por causa de tales conflictos. La cifra de niños utilizados por
los grupos armados ilegales no es menos escalofriante. Según estimaciones del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) más de 10 millones de
niños y niñas están vinculados a grupos armados en más de 30 países.

La situación de las niñas y los niños reclutados y utilizados por agrupaciones
armadas ilegales en Colombia no escapa a dicha realidad. La Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
(Oacnudh) ha señalado en varios de sus informes que los niños y las niñas han
sido víctimas de reclutamiento ilícito, masacres, desplazamiento forzado, toma
de rehenes, minas antipersonal y violencia sexual con ocasión del conflicto armado
interno.
El Secretario General de las Naciones Unidas, en sus informes
anuales, ha manifestado su preocupación por la gran cantidad de niños y niñas
que son incorporados a las filas de los grupos armados ilegales que operan en
el país.
El 26 de enero de 2009 se inició en la Corte Penal Internacional el juicio de
Thomas Lubanga Dyilo, líder militar de la Unión de Patriotas Congoleños acusado
de reclutamiento y utilización de niños y niñas. El hecho de que el primer
caso considerado por esta Corte se refiera al reclutamiento de niños y niñas es
un mensaje enviado a todos los grupos armados: el reclutamiento y la utilización
de niños y niñas no va a quedar en la impunidad.

En este triste y lamentable contexto, es importante resaltar el aporte que
realizan organizaciones de la sociedad civil para enfrentar la situación. La publicación
de este libro, “El delito invisible. Criterios para la investigación del
delito del reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia”, por parte de la
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado
en Colombia y la Comisión Colombiana de Juristas contribuye significativamente
a ese empeño.
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Este notable esfuerzo se enmarca dentro de la lucha contra la impunidad
que reviste el delito de reclutamiento de miles de niños, niñas y adolescentes de
Colombia. El contenido de este libro resulta de suma importancia, sobre todo
para impulsar las investigaciones judiciales frente a este delito y para fomentar
el conocimiento de los operadores de justicia, de la sociedad civil, de los organismos
de control del Estado, de los centros académicos y de la sociedad en general,
sobre la legislación nacional y los instrumentos internacionales existentes
en relación con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Este importante trabajo busca, sobre todo, contribuir al fortalecimiento de
los mecanismos nacionales de justicia para la investigación de las problemáticas
que afectan a los niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto armado en
el país, así como a sus necesidades. En ese sentido, es importante mencionar
que es un imperativo urgente que el Estado cumpla con su obligación internacional
de prevenir, investigar y sancionar este delito, así como de reparar los
derechos vulnerados a un significativo sector de la niñez colombiana.
Para Oacnudh y Unicef es un privilegio presentar este trabajo, que promueve
un análisis serio y profundo del problema. Además, propone una serie de
recomendaciones, cuya implementación, de llevarse a cabo, será un aporte muy
constructivo para enfrentar tan delicada situación.
El documento fue sustentado en el marco de los conversatorios jurídicos sobre
niñez y conflicto armado que ha venido promoviendo Oacnudh desde el
año 2005, en los cuales participan Unicef, diversas organizaciones de la sociedad
civil, organismos de control del Estado y agencias de la comunidad internacional.
Los conversatorios tienen como objetivo abrir un espacio de reflexión y de
debate jurídico sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes vinculados
al conflicto armado colombiano.
Este es un ejemplo palpable que muestra el genuino interés de las organizaciones
que trabajaron en su elaboración y el incondicional apoyo de las Naciones
Unidas, particularmente de Oacnudh y Unicef, en apoyar estas iniciativas en
beneficio de la niñez colombiana.
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

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