miércoles, 30 de junio de 2010

La Mujer y la Agricultura

La mujer nutre al mundo PDF Print E-mail
El poder de las mujeres y la agricultura.

En Senegal , una madre de tres hijos se preocupa cuando la comida de sus hijos que viene será .

En Ghana , un agricultor depende de la lluvia para el sustento de su familia porque no puede darse el lujo de riego para sus cultivos.

En Nicaragua , la mujer debe escoger entre comprar una tortilla para desayunar o comprando el aceite que necesita para cocinar.


Crédito de la foto : Las mujeres en todo el mundo prosperar
Para la mitad de la población mundial que carece de acceso seguro a los alimentos , las incertidumbres miedo como estos son una realidad cotidiana. Además de los órganos debilitamiento y las familias, la inseguridad alimentaria es una de las mayores amenazas al desarrollo económico mundial .

Invertir en el desarrollo de la agricultura ha sido reconocida una de las mejores soluciones para reducir la pobreza en el largo plazo , si el objetivo es alimentar a las familias o para ayudar a las economías crecen .

Fotografía: Steve Evans


Las mujeres pueden alimentar al mundo

En los Estados Unidos, la imagen tradicional de un agricultor es un hombre. En todo el mundo , sin embargo, el agricultor típico es una mujer. Esto es especialmente cierto en los países pobres , donde la agricultura es principalmente trabajo de la mujer . En partes de África - algunas de las regiones más pobres del mundo que, sin embargo tienen el mayor potencial para el desarrollo de la agricultura - las mujeres producen el 80 por ciento del suministro de alimentos . Sin embargo , reciben menos del diez por ciento del crédito va a los agricultores y los propios se calcula que el dos por ciento de la tierra. Por otra parte , décadas de investigación y la experiencia demuestran que cuando las mujeres ganan un ingreso extra que son más propensas que los hombres a invertir en educación, alimentación y atención médica para sus hijos , creando un ciclo positivo de crecimiento que eleva a generaciones enteras de la pobreza.

Ayudar a las mujeres acceso de los agricultores los recursos que necesitan para cultivar alimentos y otros cultivos - como la tierra y el agua , fertilizantes y semillas y al crédito y la formación - es crucial para acabar con el hambre , mejorar la nutrición infantil , y ayudar a las economías pobres crecen .

Por autonomía de la mujer en los países en desarrollo para iniciar y hacer crecer las explotaciones y las empresas, en lugar de simplemente enviar ayuda alimentaria directa en el extranjero , podemos ayudar a millones de mujeres sacar a sus familias y comunidades de la pobreza para siempre.

Por desgracia , los EE.UU. y el mundo no invierten lo suficiente en el desarrollo de la agricultura. Cuando lo hagamos, programas muy necesarios no suelen llegar a las mujeres . Por ejemplo , en muchos países , los trabajadores de extensión más agrícolas son hombres, pero las barreras culturales impiden que los trabajadores varones de extensión de la formación de mujeres . Por lo tanto, un programa de capacitación agrícolas destinados a "todos" puede beneficiar a los hombres solamente y sin querer aumentar la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto, es esencial no sólo que invirtamos en el desarrollo de la agricultura, sino también que nos aseguremos de que llegue a los hombres y las mujeres.

Un primer paso: Pasar la Ley de Seguridad Alimentaria Mundial
La Ley de Seguridad Alimentaria Mundial es un proyecto de ley ahora en el Congreso que fortalece la seguridad alimentaria mediante el aumento de las inversiones críticas , y centrándose en los pequeños agricultores , especialmente las mujeres .

Sería :

* Poner recursos adicionales en el desarrollo agrícola y un enfoque en llegar a los agricultores de pequeña escala , especialmente las mujeres, dando prioridad y apoyar el papel central de la mujer en la producción agrícola .
* Incorporar la tenencia de la tierra, derechos sobre los recursos y programas de reforma legal , especialmente los destinados a garantizar la igualdad de protección para las mujeres.
* Garantizar que los programas y los enfoques frente a las necesidades especiales de las agricultoras , las mujeres que viven en la pobreza y las necesidades de todos los pobres trabajan en la agricultura o la agricultura empresas relacionadas .

Dile a Congreso para ayudar a acabar con el hambre , garantizar el acceso equitativo de productos agrícolas y las industrias de alimentos y reducir la pobreza al pasar la Ley de Seguridad Alimentaria Mundial . Haga clic aquí para tomar acción!


Recursos:

* Ritu Sharma El diario de Burkina Faso
* La mujer nutre al mundo ( Hoja )
* Mujer y agricultura : Creciendo más que alimentos ( Issue Brief )
* Género y Agricultura: Liberar el Potencial de África ( Hoja )

Tomado de Director, Global Partnerships | Women Thrive Worldwide |

lunes, 28 de junio de 2010

El tarbajo de Cuidado y las nuevas formas de Dependencia CEN

A través del estudio del trabajo de cuidado, se pretende explicar una de las dimensiones de la desigualdad, la de género. Su interrelación en un sistema de poder definido dentro del modelo económico de acumulación capitalista, va a determinar la exclusión de una parte de la humanidad frente a la creciente acumulación económica y de poder de otra.\\r\\nLa histórica invisibilidad del trabajo de cuidado, al mismo tiempo que explica la existencia y reafirmación de nuevas formas de dependencia Centro-Periferia, representa una amenaza a la sostenibilidad de la vida. La precarización de los servicios sociales –los de cuidado entre ellos- en el Centro, una cultura patriarcal en la que no se redistribuyen las tareas de cuidado, y el empobrecimiento de la Periferia (con la creciente vulnerabilidad de las mujeres) generan lo que se conoce como “cadenas globales de cuidado”


Universidad Gaston Berger de Saint-Louis
Groupe d’Études et de Recherches sur les Migrations et Faits de Sociétés
Seminario Internacional
Saint-Louis 29 & 30 junio 2010
“MIRADAS CRUZADAS SOBRE LAS MIGRACIONES
INTERNACIONALES FEMENINAS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL”
Llamado a la comunicación
A lo largo de los últimos años, los flujos migratorios mundiales se han
desarrollado enormemente y los grandes movimientos migratorios provenientes
de África, de América Latina y los países asiáticos se dirigen hacia Europa, los
Estados Unidos y Canadá con una feminización que ha adquirido proporciones
importantes. Aunque la migración femenina no es reciente, su configuración y
su visibilización social son reveladoras de cambios. En lo que concierne a las
diferentes destinaciones, de manera general y recientemente, estos flujos
migratorios han tomado formas complejas ligadas al conjunto de factores que
los limitan y los favorecen al mismo tiempo.
Hoy en día, estos flujos se han convertido en el centro de atención ya que el
sentido de estas migraciones se encuentra más problematizado y
probablemente también debido al hecho de que cuestionan las ideas recibidas
sobre las representaciones comunes sobre estas mujeres. Sin embargo, el
énfasis sobre la migración femenina es sin lugar a dudas revelador de un cambio
sobre la percepción de las mujeres y su movilidad.
La rápida progresión de las migraciones femeninas es sin lugar a dudas una de
las características principales de las últimas dos décadas. A parte de las
dificultades de orden económico y político, esta migración genera problemáticas
nuevas sobre la cuestión de las mujeres y su protección social. Más allá de del
proceso de reagrupación familiar que las puso sobre el camino de partir, la
mayoría de las mujeres emigran cada vez más por razones esencialmente
económicas y personales. Asimismo, otras circunstancias como la degradación
múltiple del medio ambiente o la inseguridad en las zonas de conflictos políticos
o armados también pueden considerarse como factores que las motivan a
emigrar.
Hace falta recordar, que la lectura de la migración femenina puede enriquecer
bastante las concepciones del pasado ya que con una revisión histórica se puede
apreciar más fácilmente la movilidad social de las mujeres inmigrantes.
Solamente ahora se sabe que la migración femenina está por lo general
caracterizada por la transferencia del care1 que revela la intersección de las
opresiones de género, de “race” y de “classe” dentro del mundo capitalista
contemporáneo e interroga sobre las condiciones de emancipación de las
mujeres ya que la delegación de este trabajo (“le sale boulot”) sobre las mujeres
migrantes se mantiene poco problematizado dentro del pensamiento feminista
(Françoise Guillemaut, 2007).2
Por el contrario de los hombres, la mayor parte de las mujeres terminan, en
situación migratoria, trabajando en los empleos 3D [“Dirty, Degrading,
Dangerous”, “Sales”, “Dégradants”, “Dangereux”, “Sucios”, “Degradantes”,
“Peligrosos”], y se encuentran aisladas. Ellas pueden difícilmente poner en
marcha redes y tener acceso a la información y a los sistemas de ayuda social.
De esta manera, lo más frecuente, su migración no tiene ningún nexo con la
progresión de una carrera o la adquisición de competencias. Muchas de ellas
tienen competencias y cualidades que no son reconocidas ni necesarias en los
puestos que ocupan. Muchos estudios indican que la migración induce una
descalificación para ciertos grupos de mujeres con diplomas universitarios que
trabajan en los servicios domésticos en la industria del placer.
De cara a esta constatación, la investigación feminista y los estudios de género
se abren poco a poco a las cuestiones de la migración de las mujeres y señalan
los campos inexplorados o mal conocidos de la descalificación socioprofesional
así como las estrategias y prácticas de las mujeres que siguen siendo
consideradas como marginales dentro del campo de las movilidades. Estas
formas de descalificación a las cuales se enfrentan las migrantes, ocultan las
competencias reales, el saber profesional y técnico anterior a la emigración y la
experiencia adquirida en las rutas migratorias (Oumul K. Coulibaly, 2008).3
Basándose en esta observación, el Grupo de Estudios e Investigaciones sobre la
Migración ha recibido un financiamiento del IDRC para el estudio "La
protección social de las poblaciones de inmigrantes senegaleses en las
1Siguiendo a Genevieve Cresson y a Nicole Gadrey, 2004, “El trabajo del care, tradicionalmente
asignado a las mujeres dentro del marco familiar, ocupa un lugar cada vez más importante
dentro de la actividad asalariada. ¿Cómo analizar este fenómeno? ¿Representa una oportunidad
para las mujeres para acceso al empleo asalariado y el reconocimiento de las competencias
adquiridas dentro de la esfera doméstica, o un riesgo de encierro dentro de los empleos
devalorizados, poco calificados y subremunerados?”.
2Françoise Guillemaut, 2007, Stratégies des femmes en migration: pratiques et pensées
minoritaires. Repenser les marges au centre, Thèse de Doctorat de Sociologie, Université de
Toulouse, 681 p.
3Oumoul Khairy Coulibaly, 2008, Socio-anthropologie des mobilités sénégalaises à Toulouse et
Barcelone et leurs influences au Sénégal: diversité des pratiques, organisation en réseaux,
place des NTIC et analyse de genre, Thèse de Doctorat de Sociologie, Université de Toulouse,
Université Gaston Berger de Saint-Louis. Toulouse: Université de Toulouse, [s.d.].- 500 p.
actividades agrícolas y servicios especiales en España". Así, a través de este
seminario internacional, el GERM ofrece un debate de fondo sobre la protección
social en relación con la migración femenina.
El presente llamado a comunicación tiene como objetivo por una parte la
(re)interrogación y esclarecimiento de los nexos e influencias mutuas entre los
movimientos migratorios femeninos y los dispositivos (teóricos y prácticos) de
protección social, y las políticas sociales y migratorias hacia las mujeres por
otra. Por consiguiente, se tratará de abordar las cuestiones políticas, sociales y
económicas que conciernen a estos problemas.
Este seminario estará centrado, entre otras, sobre las medidas que buscan
producir una asistencia a los individuos, las familias, las comunidades, con el fin
de ayudarles a gestionar mejor sus ganancias así como los otros riesgos que
crean y perpetúan su vulnerabilidad. De esta manera, contrariamente al
enfoque tradicional de la protección social, conocido bajo el nombre de la
“agenda de las redes de seguridad” de finales de los años 1980 y principio de los
años 1990 que se limitaba a una simple asistencia social y a un bienestar difícil
de definir, este llamado a comunicación toma en cuenta las iniciativas
promocionales y preventivas destinadas a servir de trampolines para salir de la
pobreza y favorizar la economía familiar. La protección social incluye a este
respecto las actividades de gestión de riesgos que emanan de los migrantes y de
las familias de migrantes y los servicios y medidas propuestos por los Estados,
las ONGs y otros actores no estatales.
El nexo entre migración y protección social es perceptible a dos niveles. Por una
parte, la migración se presenta ella misma como una iniciativa de protección
social en la medida en que los miembros de una familia emigran seguido como
respuesta a la debilidad de los sueldos, a la inseguridad alimentaria o a choques
exteriores con el fin de proteger la familia. Sin embargo, por otra parte, la
migración puede crear necesidades de protección social para las mujeres que
emigran y las personas que dejan detrás o que viven con ellas. Es
particularmente el caso de las situaciones de migración irregular dentro de las
cuales el riesgo que se corre y la vulnerablidad tienen una fuerte influencia
sobre el margen de maniobra de la migrante en su búsqueda de empleo y de
integración.
Algunos elementos contextuales pueden justificar la necesidad crucial de
comprensión de estas interacciones:
• La importancia creciente de las mujeres dentro de la movilidad y en la
generalización y la complejización de la circulación migratoria induce a
transformaciones efectivas y deseables en las sociedades y las economías
• Las necesidades de mano de obra generadas en los diversos sectores de la
economía parecen favorecer cada vez más a la mujeres. Por esto la
emergencia de nuevos tipos de servicios hacen de ellas blancos
importantes en términos de pérfiles.
• El aumento contínuo de las desigualdades combinado con la escacez del
contexto actual de crisis social y económica nos lleva a dudar sobre la
viabilidad y la prontitud de los dispositivos de protección social que ya se
han visto afectados por las tensiones sobre equilibrios demográficos y
financieros.
• La consecuencia más directa de las políticas desalentadoras para los
migrantes en el contexto de crisis social, política y económica de los
últimos años ha sido el incremento de la migración clandestina o la
precarización de los migrantes en situación regular. Con el aumento de
mujeres en situación ilegal, se debe esperar que se agudicen las
cuestiones ligadas a los debates sobre los costos sociales, reales o
supuestos, de las migraciones y de sus consecuencias en términos de
protección social.
Optando por una perspectiva comparativa, este seminario se interesa
igualmente tanto a los marcos institucionales estatal, como a las iniciativas e
ingenierías desarrolladas por los migrantes y sus estructuras colectivistas. Sin
embargo, frente al hecho de la debilidad de las estructuras estatales e
internacionales, la mayor parte de las iniciativas actuales de protección social
preven la promoción y seguimiento de las tentativas de los actores no estatales
(asociaciones, cajas populares, GIE, etc.) Dado que la migración crea
necesidades de protección social que llevan a los migrantes a crear estrategias
en la materia, una particular atención deberá otorgarse a estas iniciativas de los
migrantes.
También, dentro de una perpectiva pluridisciplinar que tendrá en cuenta las
conexiones y complementos entre la sociología, la economía, la antropología, la
ciencia política, la demografía, el derecho, la historia y la geografía y entre los
campos de la investigación sobre la protección social, los servicios sociales de
base, la población, la familia, el empleo y las migraciones, este seminario será
articulado alrededor de los siguientes ejes:
• Los enfoques de la protección social, las diferencias de los sistemas y las
políticas, su evolución en el tiempo y el espacio, sus relaciones con la
migración y las políticas migratorias (desde este punto de vista, la
migración de las mujeres influye o está influenciada en términos de
destino y en términos de las estrategias por las políticas de protección
social y vice-versa).
• En la relación de la salud de los migrantes y la protección social, se busca
observar en que medida el conocimiento de los diferentes sistemas de
salud intervienen o no las estrategias migratorias.
• La feminización de la migración y las cuestiones de la protección social.
• Las modalidades de acceso o de no acceso a estos servicios y la protección
de las poblaciones en situación irregular.
• Los enfoques y las prácticas de protección social.
Toda proposición de comunicación que se interese específicamente o
conjuntamente a las cuestiones metodológicas es bienvenida, en una perspectiva
tanto cuantitativa como cualitativa: dispositivos de encuestas, constitución de
las muestras, protocolos de recogida y tratamiento de datos, modelos analíticos,
etc. en relación con las migraciones femeninas y la protección social.
Invitamos a lo(a)s candidato(a)s a enviar su propuesta de comunicación en un
archivo adjunto formato Word, de aproximadamente una página y una breve
biografía a la dirección electrónica germ@germ.sn antes del 1º de marzo de
2010 (Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, notas al pie de
página en Times New Roman, tamaño 10). Un aviso de recepción sera
transmitido al momento de recepción de la propuesta. Las notificaciones de
aceptación serán enviadas después de ser examinadas por el comité científico a
finales de marzo de 2010. El texto completo de la intervención de un
tamaño máximo de 50.000 caracteres debe ser enviado antes del 31 de
mayo de 2010 a más tardar.
Contactos:
Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Migrations
Université Gaston Berger de Saint-Louis
CP 5751 –Saint-Louis, Sénégal
Teléfonos: (Oficina) +221.33.962.40.82 (Móvil) +221.77.440.52.68
Correo electrónico : germ@germ.sn
Site web : www.germ.sn: de este sitio Tomado.

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que derogue una norma establecida hace 153, en Colombia, viola Derechos del Menor

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com


PIDEN TUMBAR LEY QUE DEJA 'EMPEÑAR' NIÑOS, LA NORMA FUE ESTABLECIDA HACE 153 AÑOS


Según el Ministerio Público, nadie puede hacerse cargo de un niño abandonado sin aval del ICBF.
26 de junio del 2010

Procuraduría dice que Código del Siglo XIX, vigente aún, no se preocupa por derechos de los menores y desconoce las obligaciones de los padres.

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que derogue una norma establecida hace 153 años y que, literalmente, convierte a los niños abandonados por sus padres en prenda de garantía para quienes los recogen y crían.

Según la norma, contenida en el Código Civil colombiano -uno de los más antiguos de Latinoamérica-, si los padres del menor quieren recuperar a su hijo, están obligados a pagar todos los gastos de crianza a la persona que lo haya recogido. Mientras tanto, el niño o la niña quedarán 'empeñados'.

"Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del poder de ella, deberán pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por un juez", dice el Artículo 268 del Código Civil, vigente desde 1857, cuando Colombia se llamaba Estados Unidos de Colombia.

La norma fue demandada por los abogados Alejandro León Quiroga, Luis Eduardo Hoffman Delvalle y Jorge Eduardo Zamora Acosta, quienes argumentaron que ese artículo viola los derechos fundamentales de los niños y está encaminado a proteger el patrimonio de particulares.

"Los padres parecen estar legitimados para abandonar a sus hijos y luego recuperarlos a cambio de reembolsar los gastos a quien se haya hecho cargo de ellos (...) y el Estado tan sólo tiene la obligación de proteger al acreedor en sus derechos", dice a su vez la Procuraduría.

En estos casos, agrega el concepto, las personas en Colombia no pueden hacerse cargo de los niños abandonados sin la autorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y pide que la Corte declaré la inconstitucionalidad para favorecer los derechos de los niños.

"El artículo contradice el espíritu de la Carta Política, autoriza el desarrollo de un procedimiento que no se preocupa en absoluto por los derechos de los menores, desconoce las obligaciones y deberes que tienen los padres de familia y consagra un mecanismo judicial que tampoco asegura el cumplimiento de los deberes que el Estado tiene con los niños y con la familia", concluye el Ministerio Público.

REDACCIÓN JUSTICIA

miércoles, 23 de junio de 2010

Jueces de paz en Colombia De la norma a la realidad



Jueces de paz en Colombia
De la norma a la realidad

Por: Edgar Augusto Ardila Amaya

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace casi veinte años se viene hablando de la figura de los Jueces de Paz en Colombia. En 1991 se introdujo en la Constitución Política sin revuelos. Tampoco se llamó mayormente la atención, en los pasados meses cuando se produjo y sancionó la ley que la desarrolla. Ahora, a menos de un año de entrar en vigencia ese estatuto, muchos reconocen que los Jueces de Paz pueden convertirse en la base de todo el sistema de justicia de Colombia. Sin embargo, sigue habiendo muchos asuntos por resolver antes de que se pueda llevar a la realidad.

Con estas páginas me propongo hacer una primera aproximación a la figura definida en la ley 497 de 1999. Desde allí ofrecer algunos elementos que permitan identificar las líneas sobre las cuales deberá trabajarse en su proceso de reglamentación e implementación así como los escollos que desde ya pueden visualizarse. Para ello comenzaré por ubicar, de manera breve, la figura en la historia colombiana. En seguida, presentaré lo que considero los principales ejes alrededor de los cuales se teje el conjunto del sistema de Justicia de Paz, definido por la mencionada ley. Desde allí, abordo los aspectos que considero centrales para la figura, como institución comunitaria. Termino con unas breves tesis sobre lo que puede ser la tendencia en el futuro próximo para esta figura.

Hoy tenemos al frente un gigante reto. Muchos hemos visto la figura como una herramienta fundamental para la construcción de la paz, el tratamiento pacífico de los conflictos y el desarrollo autónomo de las comunidades. Gústenos o no, la consolidación o el fracaso de la figura ahora tiene un condicionante temporal.

Las ideas de este texto pretenden contribuir en nuestro aprestamiento frente a él.

II. LA FIGURA DE LOS JUECES DE PAZ

La hacer un análisis de la ley 497 de 1999, definimos al Juez de Paz colombiano como un actor comunitario cuya finalidad es contribuir con autonomía en la solución integral de los conflictos comunitarios, actuando con criterio de equidad sobre los casos en que las partes le solicitan su intervención. En tal sentido podemos decir que la figura tiene cuatro elementos principales.

A. SOLUCIÓN INTEGRAL

El Juez de Paz busca solucionar de manera integral los conflictos que aboca. En ello se diferencia esencialmente de los jueces que actualmente integran el aparato jurisdiccional. Éstos se ocupan de dar tratamiento de manera exclusiva a la parte de los conflictos que se formaliza en un litigio. Pero muchas veces los conflictos no alcanzan a ser resueltos por esa vía. Los Jueces de Paz procuran ser un instrumento para dar una solución integral. Lo que eso quiere decir, se puede recoger en tres puntos. (i) En un sólo caso factiblemente será necesario actuar sobre diferentes asuntos litigiosos que trenzan a las partes. (ii) Corresponderá tomar perspectivas no jurídicas del conflicto que pueden estar en la base de él; tal como ocurre con aspectos de orden afectivo, cultural o religioso. (iii) El tratamiento que se dé al conflicto debe favorecer la armonía comunitaria, al punto que el Juez tiene facultades para facilitar la intervención de todos los afectados por una controversia.

Todo ello porque, aun cuando con frecuencia podrá tomar cartas en otros asuntos, el escenario principal para la labor del Juez de Paz se dirige a desatar una complejidad de factores que determinan los conflictos en aquellas relaciones que trascienden ampliamente el objeto inmediato y visible del conflicto. Es en esos escenarios donde los sentimientos suelen ser más intensos y las susceptibilidades mayores. Allí es donde tendrá que obrar para tratar de recomponer los vínculos averiados.

La eficacia del Juez de Paz se estima a partir de la convivencia pacífica en el ámbito en el que opera. No es el número de casos resueltos, ni mucho menos su cuantía la que determina si su labor tiene un impacto favorable.

B. EQUIDAD

La equidad es la principal herramienta de la que dispone el Juez de Paz en su labor. Suele definirse como el "justo comunitario" o el "justo local". Se trata de la posibilidad de tomar decisiones que omitan los marcos jurídicos en busca de una solución justa en el contexto comunitario en el que se aplica. No es el arbitrio del Juez aislado el que refiere a la decisión. Pero la equidad no sólo se relaciona con las decisiones sino también con los procedimientos. Esto es que en el trámite de un conflicto es posible que se den momentos procesales, se admitan medios de prueba o se consideren argumentos que no serían admisibles en un proceso judicial ordinario y aún en otras comunidades.

La Ley 497 es muy amplia en lo que tiene que ver con las decisiones y sólo le pone límites en lo que tiene que ver con la garantía de derechos. Sin embargo, define unos procedimientos mínimos que colocan un marco al que tendrán que ceñirse las actuaciones de los JP. Ellos, sin embargo no podrán ser una camisa de fuerza. Por ejemplo, la diligencia de conciliación no necesariamente debe hacerse en audiencia sino que se podrá dar vía libre a técnicas que se han venido desarrollando en muchas comunidades, como las que aplican los palabreros en las comunidades indígenas de la Guajira.

En el campo que quizás se restringe más la Equidad es en lo relacionado con la escogencia de los candidatos. Al establecer ciertas inhabilidades se puede estar inhibiendo que se erijan JP a las personas más respetadas en comunidades concretas.

C. JURISDICCIÓN DISPENSADA.

El otro elemento que define la figura de los Jueces de Paz es la Jurisdicción Dispensada. Esto significa que los JP pueden entrar a conocer y resolver sobre todos los asuntos que las partes sometan a ese procedimiento. En consecuencia, su competencia territorial, en realidad, es ilimitada (o abarcará todo el territorio nacional) porque las partes podrán acudir al juez que a bien tengan. No podría ser de otro modo si se tiene en cuenta que hay muchas comunidades que no necesariamente se ubican dentro de los límites de un municipio. Es más, tenemos que hablar de comunidades que están dispersas en todo el territorio nacional como ocurre con algunos grupos religiosos, los gitanos y algunas comunidades indígenas.

La Justicia de Paz tiene límites en cuanto a los asuntos no transables o desistibles. Lo cual se explica porque hay ciertos asuntos de orden público que sólo pueden ser tramitados por órganos estatales. Sin embargo, no resulta claro por qué se establece un límite de cuantía a una entidad que se supone muy legítima (la elección popular hace suponerlo) mientras que a un árbitro no se le pone límite.

D. AUTONOMÍA

De acuerdo con la ley, los Jueces de Paz, son actores comunitarios que desempeñan una labor de manejo de conflictos individuales y colectivos de manera autónoma frente al aparato estatal y en particular frente al conjunto de la Rama Jurisdiccional. Esto puede leerse en los siguientes elementos consagrados en el estatuto legal: (1) Los JP no están sometidos a las opiniones o las indicaciones que haga funcionario alguno. (2) Sus decisiones no están sujetas a confirmación o validación parte de los jueces ordinarios y menos de empleados administrativos.

Ello no significa que el juez de paz sea una rueda suelta ni que pueda obrar arbitrariamente. Está sometido a dos tipos de controles: los comunitarios y los estatales. Por el contrario, el JP está sujeto a controles estatales y comunitarios. (1) La comunidad mediante el régimen electoral puede descartar a las personas que a su juicio no reúnen las calidades para serlo [1] o hayan tenido un desempeño no aceptable. (2) Por tratarse de competencia dispensada las partes pueden dejar de acudir a un juez que no goce de la aceptación comunitaria.

Pero también está sometido a controles de órganos estatales como el Consejo Superior de la Judicatura y la procuraduría que deben buscar que su labor se enmarque dentro de los límites definidos en la ley. Está por definirse caminos que hagan que estos controles favorezcan la autonomía comunitaria, en lugar de menoscabarla.

III. EXPERIENCIAS

En 1991, de manera casi simultanea nacieron jurídicamente los Jueces de Paz (Art. 247 C.P.) y los Conciliadores en Equidad (Art.81 y ss. de la Ley 23 de 1991). Las dos figuras se estructuran tomando como modelo de la Justicia de Paz Peruana pero entran cada una con un estatuto diferente en nuestro sistema jurídico. Los Jueces de Paz sólo podrían empezar a operar cuando hubiese una ley que los defina y precise. Mientras que los Conciliadores en Equidad tuvieron pronto una armazón legal.

En consecuencia, los CE tuvieron un escenario legal para actuar. Desde la producción de la ley y su reglamentación han pasado varios años y se ha alcanzado una experiencia que se constituye en el principal antecedente de nuestro país para la figura emergente de los Jueces de Paz. Por ello conviene que demos una mirada rápida a esa parte de la historia.

A. CONCILIADORES EN EQUIDAD

Durante los primeros años la figura no cobró vida en la realidad del país. Sólo hasta 1993 se inició una prueba piloto promovida por el Ministerio de Justicia que se asoció con departamentos y municipios en Bucaramanga, Medellín, Cali y Valledupar. Allí funcionarios de esa dependencia ofrecieron cursos de Conciliación en Equidad (principalmente sobre la parte legal y técnicas de mediación). Como resultado de este proceso se nombraron varios cientos de Conciliadores en Equidad de los cuales queda ahora un número pequeño.

A partir de 1994 y gracias a un fuerte impulso que derivó de un acuerdo de la Presidencia de la República (a través del Plan Nacional de Rehabilitación) y el Ministerio de Justicia (Dirección de Prevención y Conciliación) y en el que se desempeñaron importantes organizaciones no gubernamentales en el ámbito regional, el número de conciliadores creció de manera significativa hasta 1996. El convenio definió por vez primera una estrategia de intervención comunitaria como instrumento para construir la figura en cerca de cincuenta municipios que se seleccionaron. Ello implicó la necesidad de un importante cambio en la metodología y en los énfasis. Se trataba de actuar más volcados hacia la dinámica social que a los conciliadores mismos. Sobre ese punto de partida y con el aporte de muchos actores sociales y gubernamentales, el nuevo rumbo se ha consolidado y enriquecido.

En 1997 la Presidencia (ahora a través de la Red de Solidaridad Social) decidió poner fin a su labor en ese proceso. Al cesar su aporte, los recursos financieros y el equipo humano nacional y regional redujeron sustancialmente la participación del Estado central en el tema. Quedaba contraído a los recursos del Ministerio de Justicia, que continuaban siendo muy limitados. Desde entonces se viene dando un proceso con dos caras. De un lado, el número de Conciliadores en Equidad en ejercicio ha tendido a disminuir pero, del otro, también se viene consolidando donde la figura ha germinado. Tal situación, aparentemente ambigua, se puede explicar como la consolidación de la metodología implementada y expresar el éxito de la figura siempre que se dé en asocio con dinámicas comunitarias reales y propósitos institucionales de entidades que se ubican por fuera del nivel central del Estado [2].

Hacia 1996 llegó a haber más de mil quinientos conciliadores nombrados. De suyo, era un logro importante. Sin embargo, el resultado halagüeño tenía que ser matizado con el conjunto de dificultades que se fueron detectando. En la diversidad de metodologías iniciales se pudo encontrar un criterio "eficientista" que permeó el trabajo de muchos de los actores que intervienen en ese proceso. Según ese criterio se identificó el éxito con el número de conciliadores y de actas de conciliación.

Lo primero llevó a hacer nombramientos que no se correspondían con dinámicas sociales reales y, en consecuencia, hoy tenemos muchos conciliadores nombrados que nunca concilian. Lo que, inevitablemente, le ha quitado relevancia a la figura. También se empezó a dar demasiada importancia a la elaboración de las actas de acuerdo, descuidando el papel, sin duda mayor, que debe darse al conciliador en Equidad como facilitador de las relaciones de convivencia. Finalmente, la gestión de los actores externos no sirvió para apuntalar (y algunas veces obstaculizó) las dinámicas sociales que estaban acompañando lo que trajo como resultado que hoy haya personas que median y facilitan acuerdos sin ser conciliadores nombrados. Esos son quizás los efectos más negativos de todo ese proceso.

Hoy están funcionando, con diferentes niveles de eficacia, entre trescientos y quinientos conciliadores que operan en sendas comunidades dispersas en el territorio de unos diez departamentos. Se han presentado muchos problemas de coordinación entre las entidades impulsoras y los recursos han sido muy escasos, especialmente los del Estado central y no ha sido posible garantizar la estabilidad que se requiere. El resultado ha sido un sentimiento de abandono que han experimentado los propios conciliadores de manera directa y sus comunidades, de contera.

La ley 446 de 1998 instaura cambios drásticos que han debilitado la figura comentada, al establecer un requisito casi imposible para nuevos conciliadores y controles contrarios a la naturaleza de la figura para los existentes. En cuanto a lo primero, establece como requisito para el nombramiento de un Conciliador en Equidad, el aval del Ministerio de Justicia. Esa exigencia no podrá ser cumplida, con seriedad y respeto por la figura, en la mayor parte del territorio nacional, debido a claras limitaciones de infraestructura y equipo humano en tal dependencia. En cuanto a lo segundo define unas causales de destitución [3]que seguramente van a poner freno a la labor de los conciliadores en la medida que tengan su impacto aleccionador los procesos disciplinarios que ya se han iniciado.

Con todo, el balance es ampliamente positivo. Existen algunos centenares de comunidades que cuentan con una buena herramienta para el tratamiento de sus conflictos. Pero, sobre todo, con un escenario de primer orden para la realización de un aprendizaje para el país, tanto para las estrategias locales de convivencia como en las políticas de intervención en los temas de Justicia Comunitaria.

B. JUECES DE PAZ

No obstante los lazos de cuna señalados, la historia de la figura de los Jueces de Paz no ha estado necesariamente vinculada con la de la otra figura. En 1982 ya se había presentado un proyecto de ley que buscaba instaurar una figura bastante similar pero la elaboración de proyectos cobró especial aliento a partir de la promulgación de la Constitución de 1991. Es ilustrativo que desde entonces hasta 1995 se presentaron más de diez proyectos. En ellos se pueden encontrar diferentes enfoques, desde el que define a los Jueces de Paz como una figura exclusivamente de convivencia, hasta el que los coloca como una versión de los actuales inspectores de Policía. Con sus posibles aciertos y problemas, todos esos proyectos están limitados por la carencia de una experiencia en el tema y, más adelante, por ser muy poco conocidos los esfuerzos que se estaban haciendo en cuanto a la Conciliación en Equidad.

En 1996 quiso cambiarse esa tendencia y evitar que la ley desconociera el camino recorrido por figuras afines. La ley 497 tiene origen en el Ministerio de Justicia pero es un esfuerzo que hizo serios intentos por recoger experiencias existentes en el tema. Un primer borrador fue sometido al debate en eventos regionales realizados en las principales ciudades del país [4]. A tales eventos fueron invitados asistieron la mayoría de los actores próximas (o protagonistas) de experiencias de Justicia Comunitaria. Desde luego que el Congreso asumió los aportes que estimó convenientes y ese ejercicio de participación iniciado no tuvo continuidad al producirse la ley. Con ese marco, y después de un tortuoso recorrido, el Congreso Nacional acordó la propuesta más flexible y más versátil, para acomodarse a las realidades locales, desde mi punto de vista.

Lo que viene ahora es la parte más importante. Se trata de alcanzar mínimamente una serie de resultados. En primer lugar se trata de que los Municipios y sus comunidades entiendan el sentido de la figura. En segundo lugar, de que se haga una elección acorde con él. También, de que quienes vayan a ser los Jueces de Paz sepan hacer su trabajo. Finalmente, de que la comunidad acuda a ellos. Si falta alguno de estos resultados es casi seguro que la figura fracasará en el respectivo municipio. Por eso tendrá que tenerse mucho cuidado en la definición y la ejecución de las acciones que conduzcan a ellos. Para hacerlo de la mejor manera es necesario beber de la historia.

Ricardo Serrano [5] suele recoger la comedia mejicana del "Chavo del Ocho" para referirse a ciertas herramientas que se proporcionan a la comunidad. Recuerda que a Jaimito, el viejo cartero, le dieron una bicicleta para facilitarle el trabajo. Pero él no sabe manejarla. Así, las cosas se le han dificultado porque ahora debe cargar su bicicleta en un hombro además de que en el otro lleva la maleta de sobres. Una herramienta que no se puede manejar en la comunidad sería, entonces, más una carga que un alivio.

Pero esa es una perspectiva que, mirada aisladamente, podría llevarnos al inmovilismo. Radicalizar ese ejemplo nos puede llevar a plantear que no tiene sentido aportar algo a las dinámicas sociales. Pero, si alguien se interesara realmente en que la situación mejore, lo primero que haría sería preguntarle a Jaimito si le sirve de algo la bicicleta. Y dado el hecho de que no le sirviera, se preguntaría por qué él no aprendió a utilizar el aparato. Después se vería qué hacer con la bicicleta y se definiría cuál será su remplazo, sí es que en efecto se requiere.

Aun cuando tal cuerpo normativo es apenas un croquis que tendrá que llenarse con la historia y las dinámicas específicas de las comunidades. La Ley 497 plantea también ese reto que tendrá que ser asumido con mucha responsabilidad por los actores encargados de llevar a la realidad la figura de los Jueces de paz. Para ello será necesario un sesudo análisis por parte de los actores del nivel nacional del Estado (Consejo Superior de la Judicatura y Ministerio de Justicia) [6], en el primer impulso, y de los actores locales en el final. De no ser así, los Jueces de paz serán a la comunidad lo que la Bicicleta es a Jaimito.

[1] Cabe aclarar que este instrumento se desvirtúa en buena medida al definirse periodos demasiado largos para actuar como Juez de Paz. La ley establece un periodo de cinco años

[2] Ha sido definitivo el apoyo constante de entidades territoriales (se destacan los Municipios de Cali y Bucaramanga y el Distrito Capital) y un número alto de organizaciones no gubernamentales ubicadas en varias regiones del país.

[3] Cobro de honorarios por su labor (una práctica que se había venido aceptando en consideración del tiempo de trabajo que exige a los conciliadores, especialmente a los más reconocidos) y excederse en sus competencias (lo cual debiera limitarse a la invalidación de lo actuado pero no generar efectos disciplinarios, porque los llena de temores e inseguridades sobre el sentido de su actividad).

[4] Organizados por la Red de Justicia Comunitaria en Cali, Manizales, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

[5] Profesor Adscrito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de Reflexión sobre la figura de los Jueces de Paz.

[6] Gabriel Ignacio Gómez y Betsy Perafán hicieron el más serio intento al respecto en el CIJUS de la Universidad de los Andes (GOMEZ, 1998). Hay otros ejercicios más limitados que analizan la labor del Ministerio de Justicia (MEDELLIN, 1995 y ARIAS, 1998).


Tomado de la página de la Rama Judicial de Colombia

Custodia Compartida en España.

Custodia con partida. PDF Imprimir E-mail
Escrito por MIGUEL LORENTE ACOSTA/ELPAIS.com/ 31/5/2010
Miércoles, 09 de Junio de 2010 11:48

¿Qué prefiere, la paz o la guerra?, ¿el bien o el mal?...

Los planteamientos generales y abstractos suelen quedar bien como materia de reflexión, pero pueden conducir a una respuesta errónea respecto a la realidad que abarcan al obviar los elementos que la configuran, y, con frecuencia, a justificar conductas en sentido contrario.

Así, bajo los argumentos anteriores hay quien ha utilizado la guerra para buscar la paz pretendida o quien ha recurrido a acciones injustas o ilegales para conseguir un bien teórico.
"La custodia compartida es la solución idónea. El problema está en cómo se aplica"

"Achacar a las mujeres la falta de entendimiento es una atribución causal interesada"
"La igualdad, como los Derechos Humanos, no se impone por decreto; se puede regular y proteger".

La custodia compartida es la solución idónea para que las parejas separadas puedan mantener una relación más fluida y cercana con sus hijos e hijas, no hay duda. El problema no está en el concepto, sino en cómo se aplica y cómo se materializa en la práctica, y en ver si esa decisión supone un beneficio para los menores o una ventaja para alguno de los progenitores. Una ruptura de pareja ya implica un conflicto previo que puede reducirse, mantenerse o agravarse a raíz de la separación, y parte de esa continuidad o prolongación con frecuencia gira alrededor de los elementos comunes que persisten tras la distancia. Si un padre y una madre no se ponen de acuerdo sobre la custodia de "lo que más quieren", mal asunto; achacar que esa falta de entendimiento se debe sistemáticamente a las mujeres vuelve a ser una atribución causal interesada, como lo hacen cuando hablan del síndrome de alienación parental (SAP) y de las interferencias de las madres, además de no ajustarse a la realidad.

Las encuestas que se han hecho muestran cómo las mujeres están más a favor de la custodia compartida que los hombres (92,1% frente al 87,9%), e indican que el conflicto sobre la custodia se reduce a un porcentaje mínimo de casos, puesto que la mayoría de las separaciones se resuelven de manera amistosa en lo que se refiere a la custodia de los menores, bien sea por medio de la fórmula de compartir la custodia o bien que ésta quede a cargo de uno de los progenitores de mutuo acuerdo.
Es cierto que suele ser la madre, pero tal y como muestran las resoluciones judiciales, no se les otorga a ellas por ser mujeres, sino porque así lo deciden los cónyuges o porque se demuestra que son quienes han estado a cargo del cuidado de los hijos e hijas, renunciando a sus trabajos (más del 94% de las personas que piden una excedencia, abandonan el trabajo o solicitan una jornada reducida por cuidados familiares son mujeres) y a su tiempo libre.

La custodia compartida es más idílica que idónea, y difícilmente será eficaz sin la voluntad del padre y la madre. Cualquier decisión en contra de esta realidad se parecerá más a una decisión salomónica que justa, y conllevará el sacrificio equitativo de los hijos e hijas para satisfacer a quien impone un reparto similar, que nada tiene que ver con la igualdad. La igualdad, como ninguno de los Derechos Humanos, no se impone por decreto; se puede regular y proteger, pero no imponer, lo mismo que la paternidad y la maternidad, que deben exigirse sobre su ejercicio basado en el cuidado y en los afectos, más allá de la referencia biológica.

Esa es la verdadera reivindicación que deben hacer los hombres, como ya la han hecho muchos de ellos que ejercen la paternidad con responsabilidad antes de la separación.

Reivindicar la custodia compartida como forma de reclamar la paternidad es un error, deben cambiar el orden y ejercer la paternidad para luego obtener la custodia compartida en caso de ruptura, algo que será consecuente con su comportamiento previo y que contará con el consenso de sus parejas, tal y como se observa en la mayoría de las separaciones. Lo contrario genera dudas y hasta sospechas. Unas dudas que aumentan cuando se presenta una situación puntual como si se tratara de lo general (la mayoría de las decisiones sobre la custodia se deciden de mutuo acuerdo), y cuando son las asociaciones de hombres más críticas con la igualdad las que la reclaman, paradójicamente, en nombre de la igualdad.

No deja de ser curioso que las mismas asociaciones que hablan de denuncias falsas como algo habitual, de la existencia del síndrome de alienación parental, de la violencia de las mujeres hacia los hombres en proporción similar a la que ellos ejercen sobre ellas, o que presentan la Ley Integral o las medidas que promocionan la igualdad como un ataque a los hombres, sean las que exigen la imposición de la custodia compartida.

Ante esta situación la pregunta es sencilla, ¿si se ha demostrado que las denuncias falsas, el SAP, la violencia de las mujeres y las críticas a la Igualdad no son ciertas en los términos que ellos las presentan, por qué va a ser cierto su planteamiento sobre la custodia compartida?

Hay quienes están jugando una partida con la custodia, y para ello muestran unas cartas manipuladas que hablan de igualdad, al tiempo que esconden otras bajo manga para evitar que se reflexione y que se encuentren soluciones a los problemas verdaderos que hay detrás de todas estas situaciones.
Nadie los niega, pero la solución ha de ser compartida, no impuesta.

Miguel Lorente Acosta es delegado del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.
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Tomado de hombres Igualitarios

Desviación de Poder por Restructuración ....Sentencia

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Expediente 76001 23 31 000 2005 00248 (1435 08) de 2010
2010-02-04

CIUDADANO NO LOGRÓ DEMOSTRAR DESVIACIÓN DEL PODER POR RESTRUCTURACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

No existe prueba que demuestre fehacientemente que la decisión de adoptar una nueva estructura de personal así como la supresión de cargos obedecieran al simple capricho de la administración departamental. Ciudadana solicita se declare la nulidad del acto por medio del cual se adopta la nueva estructura administrativa de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Señala la demandante que el acto administrativo quebranta las normas superiores por que su expedición fue producto de una falsa motivación, deviación del poder y pretende finalmente satisfacer intereses particulares, pues la Asamblea Departamental, no tuvo en cuenta el estudio técnico como fundamento para adoptar la nueva estructura administrativa de la Contraloría Departamental.

En criterio de la Sala le correspondía al demandante demostrar que el estudio técnico no cumplía con las exigencias establecidas en precedencia, pues así lo establece la presunción de legalidad del acto administrativo, conforme a la cual le corresponde a quien pretende su invalidez probar tal circunstancia. En el expediente obran dos hojas que el demandante señala como estudio técnico, empero de su lectura se deriva que el mismo corresponde en realidad a la exposición de motivos de la Ordenanza 01 de 2001, que sin embargo condensa las razones que obligan a la supresión de cargos y a la reestructuración del ente. Confirma. M.P. Victor Hernando Alvarado Ardila. Documento Disponible al Público en Junio de 2010. Temas: Carga de la Prueba. Reestructuración. Competencia de la Asamblea Departamental.

martes, 22 de junio de 2010

Conferencias y Tallere 29 Junio 2010

Conferencias / Talleres
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Fecha : Martes, 29 de junio 2010 - 9:30 am
Duración : 1 Día
Información de contacto :
Lugar de la Universidad de Surrey, Guildford, Reino Unido CRONEM Organizador - Centro de Investigaciones sobre el nacionalismo, la etnicidad y el multiculturalismo / Runnymede Trust .

Correo electrónico: Melek.Muderrisgil @ surrey.ac.uk
URL: http://www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM/Conference-2010/CfP.htm

Cívicos, políticos y culturales de compromiso entre los migrantes, las minorías y las poblaciones nacionales - Perspectivas Multidisciplinarias .

29 a 30 junio 2010

Universidad de Surrey , Guildford , Reino Unido.

La conferencia 'Vivir Juntos: Cívica , Políticos y el compromiso cultural de los migrantes, las minorías y Nacional de Poblaciones : Perspectivas Multidisciplinarias " serán solidariamente organizada por la Fundación Runnymede y el Centro de Investigaciones sobre el Nacionalismo, la etnicidad y el multiculturalismo ( CRONEM ) .

Los oradores ya confirmados :

*
Benjamin Barber , Presidente ( CivWorld de Demos ) y Profesor Emérito de Walt Whitman , de la Universidad de Rutgers , EE.UU.
*
Flanagan Constanza , Profesor de Desarrollo de la Juventud Cívica de la Universidad Estatal de Pensilvania , EE.UU.
*
Yvonne Galligan , Director del Centro para el Adelanto de la Mujer en la Política, la Universidad Queen's de Belfast
*
Jørgen Nielsen S. , Director del Centro de Pensamiento Islámico Europeo de la Universidad de Copenhague , Dinamarca
*
Señor Bhikhu Parekh , Profesor de Filosofía Política , Universidad de Westminster, Reino Unido
*
Antje Wiener , profesor de Política de la Universidad de Hamburgo , Alemania

A pesar del efecto Obama 'reciente' , las formas convencionales de participación política han disminuido en muchas países en los últimos años , con niveles crecientes de la apatía política, desconexión de los procesos democráticos formales y la desconfianza cada vez mayor de, o la falta de confianza en las instituciones políticas. Sin embargo , la investigación sugiere que las cuestiones , que podrían haber movilizado a las personas emprender acciones políticas en el pasado , están siendo abordados en muchos casos a través de voluntarios, comunitarios o actividades de beneficencia , la protesta movimientos o el activismo de los consumidores en su lugar. Por lo tanto, las tendencias actuales en participación política, especialmente entre los jóvenes, puede ser indicativa no de liberalización del sector público en sí, sino de un cambio hacia una diferentes tipos de activismo público .

las perspectivas de género en actividades culturales, participación cívica y política , que exploran las condiciones de participación de las mujeres , así como las perspectivas que analizan la participación y participación de los migrantes , las minorías pueden ser especialmente iluminando aquí. Las mujeres , los migrantes y las minorías juegan un papel vital en cualquier sociedad , contribuyendo a través de sus habilidades , mano de obra , impuestos, participación de la comunidad y actividades culturales. Sin embargo, cuando restrictivas criterios , prácticas o políticas de impedir que los miembros de estos grupos de participar plenamente en la vida política , cívica y cultural de la país en el que viven , los miembros de estos grupos a menudo se desarrollan nuevos formas de compromiso a fin de sortear los obstáculos.

La política puede tener un impacto crucial en niveles de participación , ya sea mediante la creación de obstáculos y barreras a la participación de grupos específicos , o reduciendo al mínimo esos impedimentos. Sin embargo , las cuestiones de política puede ser difícil de abordar, con las políticas que existen en los diferentes niveles (por ejemplo, a nivel comunitario, regional, nacional y supranacional ) a menudo se incongruentes entre sí , y con frecuencia discrepancias existentes entre la política prevista, la contenido de los textos de políticas, aplicación de políticas, y la interpretación de la política de los ciudadanos .

Esta conferencia tiene como objetivo hacer un balance de las diferentes formas de compromiso cívico , político y cultural que existen en la actualidad , e investigar los factores y procesos que son de conducción , y el papel de las políticas públicas en la contratación de mujeres, los migrantes , las minorías y las poblaciones nacionales. Una característica especial de la la conferencia de este año será un evento organizado por la Fundación Runnymede , que tendrá en cuenta en el Reino Unido cumple 10 años después de la Parekh Informe sobre el futuro de la multi- étnicas en Gran Bretaña y 25 años después de la Informe Swann .

Justicia Restaurativa Niñez y Paz

Justicia Restaurativa, niñez y paz


Mis felicitaciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio por la organización de este magnífico Seminario, y mis felicitaciones a todos los participantes. Estamos hablando, en realidad, de derechos humanos. No estamos discutiendo técnicas, ni recetas. Aquí se trata fundamentalmente de derechos humanos: de derechos humanos de las víctimas, de derechos humanos de los victimarios, de derechos humanos de nuestros hijos, de derechos humanos de toda la sociedad. Y retomando lo que escuché en el día de ayer, me atrevo a recitar una frase del Preámbulo de
la Declaración Americana
de Derechos Humanos: “En repetidas ocasiones los Estados han reconocido que los derechos esenciales del Hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. Esto lo escribieron nuestros padres y nuestros abuelos de toda América en abril del año 1948, antes de que
la ONU
hiciera su Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en diciembre de ese año.




Hombres preclaros de toda América, el doctor Hernán Santa Cruz de Chile, por ejemplo, redactaron el más maravilloso documento de Derechos Humanos de la historia de
la Humanidad. Aquí
en Bogotá, y en tiempos difíciles (1948 no fue un año feliz para Bogotá), que es donde se ve precisamente la hombría. La hombría o la feminidad, digamos. Donde hay que poner lo que hay que poner, porque en los tiempos fáciles todo es sencillo.




Ese texto, que mi República ha incorporado abriendo el cuerpo constitucional, nos une a todos (porque Estados Unidos, por ejemplo, también lo firmó; estaba el Secretario de Estado Marshall participando en esa reunión), y lo tomó como fuente la viuda de Franklin D. Roosevelt, Eleanor, para el proyecto de Declaración Universal que elaboró la comisión que presidía honoríficamente.




Nos une, claro que sí, y a mucha honra. ¿Por qué? Porque si no tenemos autoestima no saldremos de nuestros problemas. Para superar nuestros problemas necesitamos respetar nuestra historia, nuestras posibilidades, nuestro propio valor. Con gran apertura a todo el mundo, pero parados en lo nuestro y conscientes de lo propio.




Por eso me remito a un texto americano, a un texto primigenio. Decían nuestros padres, nuestros abuelos –de distintos colores políticos, de distintos momentos de la historia americana– en nuestra Declaración Americana de Derechos Humanos, articulo VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especial”. Pues bien, la protección especial de la que habla el artículo 20 de
la Convención
sobre los Derechos del Niño tiene su antecedente en este artículo séptimo de nuestra Declaración..




Todo niño: también el niño transgresor. Y de esto quiero hablar. El hecho de que uno de nuestros hijos –en mi caso ya de mis nietos– cometa una infracción, no lo excluye del universo de los niños: sigue siendo un niño. No es un ladrón petizo; sigue siendo un niño y tiene todos los derechos del niño.




¿Qué ha pasado en nuestra América para que en las últimas décadas hayamos cambiado la forma de ver y de juzgar a aquellos que fueron objeto de nuestro desvelo en estos textos, que en la historia de nuestros pueblos tienen siempre un lugar y hasta a veces un día de recuerdo porque protagonizaron episodios épicos de nuestra independencia? ¿Cuántos adolescentes empuñaron lanzas en el Pantano de Vargas? ¿Cuántos adolescentes formaron filas en el Puente de Boyacá, cuando se definió la historia? No eran los enemigos públicos número uno de nuestra sociedad. Y no pedíamos incriminación para ellos.




Cuando estuvimos todos juntos, eran nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, los protagonistas. El ala derecha del ejército del general Sucre en Ayacucho la comandaba el Gral. Córdova, que era un moreno veinteañero que puso el sombrero en la espada y dijo aquello de “¡Paso de vencedores!” Tomo prisionero al Virrey... y somos libres”




Y ahí estuvimos todos juntos: uruguayos, paraguayos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, venezolanos, colombianos, panameños etc., etc. Todos juntos: la última vez que estuvimos todos juntos. Ojalá que el bicentenario nos vuelva a encontrar unidos.




Y eran niños. Eran jóvenes. Y hoy, en cambio, alguien o algo o algunos o algo malo en nosotros nos los hace ver como el peligro en nuestras sociedades. Nos enfrenta en una guerra interna contra nuestros hijos. Los autores de todos los males, los que ponen en riesgo a toda la sociedad. Y en realidad son las víctimas de todos los males, los depositarios de los problemas que los adultos creamos y los instrumentados muchas veces para el delito por los mismos adultos de nuestra sociedad.




¿Qué nos ha pasado entonces para que en unos quince años todas las Repúblicas de nuestra querida América, de México al Sur, hayan endurecido sus leyes, hayan bajado las edades de incriminación para juzgar en algunos casos niños de 12, de 13, de 14 años? Una sola se resiste a bajar las edades. Y una sola -. Honor a ella, a la patria de Ayacucho, al Perú- cambió el viento y subió la edad de incriminación de 12 años a 14 años, rompiendo el mandato casi hegemónico de que hay que bajar las edades de imputabilidad . Las demás obedecimos la reducción de la edad como si fuera una panacea y llevamos a juicio penal, plasmado sobre el juicio de adultos, a niños de 12, 13 y 14 años.




¿Qué ha sucedido? Que hemos olvidado las verdaderas fuentes de nuestro derecho, que no nos llevan en absoluto a incriminar más chicos y cada vez más chicos, o sea, más niños y cada vez de menor edad. Sucedió que hemos perdido el Norte que nos permitía distinguir cual es la respuesta justa y rodeada por supuesto de derechos y garantías, entre adultos, de la respuesta justa a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, rodeada también de las máximas garantías. Sucedió que en esta pérdida de autoestima, en esta idea de que todo lo nuestro es defectuoso, de que nos tienen que venir a decir de afuera lo que debemos hacer, fuimos olvidando textos fundamentales.




Y voy a recitar, si me permiten, otro texto, esta vez del Pacto de San José de Costa Rica. (Desgraciadamente no todos en América somos miembros de este Pacto, pero sí la gran mayoría, y a algunos nos costó mucho dolor y mucha sangre entrar en él). El Pacto toma como fuente el Pacto Internacional de
la ONU
del año 66: “Los menores procesados deben estar separados de los condenados –insiste en el principio de separación– y llevados con celeridad ante tribunales de justicia para su enjuiciamiento”.




Eso decía el texto de ONU, y lo sigue diciendo: “llevados ante tribunales de justicia para su enjuiciamiento”. Una visión procesal correcta. Pero nuestra América corrige. Sí, señores, le corregimos el texto a
la ONU
, y miren lo que pusimos: “Artículo Quinto, inciso 5: Cuando los menores puedan ser procesados” (quiere decir que consideramos que puede haber casos en que no son procesados) “…deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento”. (La especialización del tribunal es un elemento de Derecho Constitucional regional desde el Pacto de San José de Costa Rica).




Y aquí se abren las dos vías, el gran debate, las grandes opciones del derecho especializado en nuestra región.




Quien pivota más sobre el texto de
la ONU
pensará en el enjuiciamiento, y con toda razón verá las garantías del enjuiciamiento, y discutiremos cuándo hay recurso de casación y pensaremos que qué feliz es el niño que tiene recurso de casación.




Quien pivota sobre el Pacto de San José estará pensando que la finalidad no es el enjuiciamiento, que el enjuiciamiento es un medio –y no el único medio–, porque puede haber un modo de actuar que no sea el proceso y que no sea el enjuiciamiento. Este es entonces un tema de opciones constitucionales en el más alto nivel de los tratados de derechos humanos.




Por supuesto, hablar de una justicia juvenil restaurativa es fundamentalmente pivotar, o sea apoyarse, sobre el texto del artículo 5, inciso 5 del Pacto de San José de Costa Rica. No de modo absoluto, porque habrá situaciones en las que será necesario el enjuiciamiento con todo su marco de garantías. Pero no serán todos los casos.




Y lo dicen también los textos de ONU. Cómo me gustaría poder decirles: Miren, esto es novedad del año pasado (porque somos afectos a las novedades, a las modas nuevas). Pero no, no es tan novedoso esto. No puedo “vender” el producto diciendo que es el último grito de la moda, porque es del año 1985. Las Reglas de Beijing de las Naciones Unidas, que se hicieron sobre el texto en primera consulta de
la Convención. La
Convención sobre los Derechos del Niño debió haber sido votada en 1984, a los 25 años de
la Declaración
de 1959, pero por algunos problemas y por muchas controversias sólo fue sancionada años más tarde. Por eso las Reglas de Beijing, pese a ser 4 años anteriores a
la Convención
, son un elemento interpretativo de aquella..




Dice la regla 11: “Se examinará la posibilidad cuando proceda” –no siempre, sino cuando proceda- “…de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes mencionadas en la regla 4 para que los juzguen oficialmente”. (Esas autoridades competentes son los tribunales especializados). Y agrega: “Los que se ocupen de casos de adolescentes de menores estarán facultados para fallar dichos casos discrecionalmente sin necesidad de visto oficial con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía con los principios contenidos en las presentes reglas”. “Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de instituciones pertinentes de la comunidad u otro tipo, estará supeditado al consentimiento del menor, al de sus padres o su tutor. Sin embargo la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una autoridad competente cuando así se solicite”. Y termina diciendo la regla 11: "Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de menores se procurará facilitar a la comunidad programas de supervisión y orientación temporales, restitución y compensación a las víctimas”. Obsérvese que aquí aparece la restitución.




Esto es texto de las Reglas de Beijing. Y por supuesto
la Convención
sobre los Derechos del Niño dice en el artículo 40 inciso tercero b),: “Cuando sea apropiado y deseable” (no siempre; este no es el remedio absoluto ni universal) “…la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales”. Y después enumera en el punto 4 distintas alternativas.




Quiere decir esto que hablar de una justicia que no somete a proceso no está en contra de
la Convención.




Nuestro continente es el continente que procesó más niños, bajando las edades de incriminación, en nombre de los derechos de los niños. Una contradicción que la historia, andando el tiempo y cuando ya los protagonistas de estas décadas no estemos, se encargará de develar.




¿Qué ha pasado para que, en nombre de
la Convención
y de los derechos de los niños, ultrajudicialicemos? ¿Qué pasó para que nos engañemos de modo tal que creamos que la ciudadanía de nuestros niños pasa primeramente por ser sujetos del derecho procesal penal? Y no cualquier sujeto: sujeto como incriminado, como imputado, como acusado por el fiscal antes de ser sujeto de todos los derechos económicos, sociales y culturales.




¿Qué nos pasó? ¿Qué nos cegó para que, de buena fe, hayamos creído que propiciábamos la situación de nuestros niños incriminándolos penalmente?




Hoy es tiempo de pensar de nuevo esto, no solamente porque ha fracasado la incriminación temprana en toda América sino porque tenemos nuevos aires, nuevas recomposiciones en los marcos teóricos de estos temas, y porque podemos pensar que no es absolutamente necesario procesar al niño trasgresor para encontrar la finalidad que el propio niño en su interés superior, y la comunidad también –y entre ella la víctima–, quieren de la intervención jurídica.




Hablar de justicia restaurativa no es hablar de un Estado cruzado de brazos o de una comunidad inerme. Al revés: es hablar de un Estado –como bien dicen las normas que acabo de leer– que utiliza otra vía. (Y, ya entre abogados, diría: esto no es abolicionismo penal; esto es derecho penal mínimo, o si ustedes quieren, y ya entrando en mayor tecnicismo, derecho penal de tercera vía).




No quiere decir no hacer nada; no quiere decir falta de respuesta. Significa otra respuesta, que no es la pena (propia de los sistemas retribucionistas), que no es la medida de seguridad (propia del positivismo, que tantas veces se mencionó aquí, y que de algún modo es el padre del tutelarismo). Es una tercera vía que significa buscar múltiples caminos con la participación de todos.




Justicia restaurativa significa pensar en la víctima (convidada de piedra en los otros dos sistemas), molesto personaje, a veces testigo, o testigo protegido quizás, pero nada más que eso.




Porque en el sistema retribucionista, el robo que Juancito hizo a la señora Rosa de los pesos que tenía guardados para la operación de cataratas, no es una falta contra la señora Rosa sino una falta contra
la Ley. Es
una falta contra el Estado. Es el rompimiento de la sumisión del ciudadano al orden del Estado. Y esto nos viene desde los tiempos del Rey. Por lo tanto, la señora Rosa que venga, cuente y después que se vaya a su casa, que se las arregle como pueda y que se opere donde pueda. Eso no es cuestión nuestra, ni del fiscal, ni del juez, ni del victimario. Eso es otro problema. Qué me viene a molestar esta señora, si yo tengo cosas más importantes que hacer. Tengo que juzgar el robo que le hicieron.




Y en el tutelarismo, peor. Esa señora nos molesta en la tarea de rehabilitar a este pobre chico que como estrategia de supervivencia le robó a la vecina los pesitos que tenía guardados. ¡Pobre angelito!




Y entre el “pobre angelito” de unos y el “hay que matarlos a todos” de otros –porque esas son las dos frases típicas– hemos hecho lo que tenemos. ¿Hay alguna frase distinta de "pobrecito" o "hay que matarlos a todos"? Claro que sí. Hay un camino diferente.




El camino diferente es también pensar en esta señora Rosa por vía de mediación. Cuando se pueda, no siempre. Para llegar a mediaciones y conciliaciones primero hay que fortalecer a la víctima (cosa que hacemos muy poco). Yo no puedo enfrentar a una víctima asustada con su agresor; yo no puedo enfrentar a una víctima abandonada con su victimario.




Hay un neologismo que personalmente me parece horrible: Empoderamiento. “El empoderamiento de la víctima”. Necesitamos trabajar con la víctima antes de lograr otro tipo de cuestiones.




Y esto, señores, no es una utopía. Esto existe. Se prueba en distintos lugares, con distintos programas, aunque no hay uno igual a otro, porque en esto no hay recetas. Es un horizonte hacia el cual camina cada uno desde su lugar, al paso que puede, desde donde partió y por la senda que encuentra. Lo importante es que el horizonte sea el mismo. ¿Llegaremos? Al horizonte no se llega nunca, pero vaya si caminaremos hacia él. Y en el camino haremos las cosas juntos.




En distintos países, como estamos viendo en este tan interesante Seminario, hay atisbos, comienzos, programas efectivos. Yo voy a contarles uno que relataron de algún modo ayer los amigos del Perú.




Tomamos hace años una zona marginal difícil, el cerro "El Agustino", en Lima. Ciento ochenta mil personas en situación deprimida. Todos tenemos nuestra "Ciudad Bolívar" de Bogotá, nuestra "Ciudad Oculta" de Buenos Aires, las favelas de Río. Cada ciudad tiene sus lugares marcados como foco de delitos.




Seis años de trabajo: nada es mágico, nada se hace sin constancia y coherencia. Coherencia significa no hacer un día lo contrario del otro; que alguien edifique y el otro venga el otro día y demuela lo que uno edificó para volver a edificar al día siguiente. Coherencia, entonces. Y también constancia. Y Tiempo: no hay resultados inmediatos.




Al cabo del tiempo decidimos en las 5 Comisarías Policiales hacer un lugar digno de detención. Y entonces les pedimos la estadística policial: ciento ochenta detenciones de menores de edad al año. Yo sabía que era cierto, pero les dije: “Debe haber un error; son muy pocas detenciones para 5 Comisarías. Esto quiere decir que entre las cinco tienen día por medio un detenido y el resto está vacía. No puede ser, con la cantidad de delitos juveniles que hay en esta zona”.




Volvieron al mes y trajeron la estadística revisada: ciento ochenta al año. Con lo cual dijimos: una sola comisaria, altamente especializada, y a lo sumo un lugar para tres chicos. Nunca se llena




A eso se había reducido el delito. ¿Por magia? No. ¿Porque mejoraron fundamentalmente las situaciones sociales? Tampoco. ¿Porque desapareció la droga? Tampoco. Porque un chico bien atendido son cuarenta hechos menos, no uno.




Todos lo sabemos: ningún adolescente planea el asalto al tren blindado inglés para irse a Río de Janeiro por el resto de la vida. Sale todas las noches a robar a un taxista. Hay una compulsión a la repetición. Por lo tanto cuando uno trabaja bien un caso, baja bruscamente la estadística de delitos juveniles, porque ese caso no se multiplica en muchos más hechos.




Y allí se había comenzado a trabajar con este instituto de la remisión. Principio de oportunidad le han llamado. Hay pequeñas diferencias técnicas.
La Fiscalía
, cuando se podía, no acusaba, no judicializada. Eso estaba en
la Ley
y no había habido experiencias en el Perú. Ese 3% de aplicación de principio de oportunidad que informaron entre ustedes es todavía mucho frente a lo que había allá. Hoy llega el 52% de los casos.




¿Pero que quiere decir? ¿No judicializo y te vas a tu casa? No. El joven es atendido inmediatamente desde la detención por un equipo de defensa inmediata. Al primero que ve es a su defensor, antes que al fiscal. Un psicólogo, un asistente social... un miniequipo.




La víctima es atendida por otro equipo, y cuando hay remisión hay un equipo de seguimiento socio-educativo que acompaña el caso por el tiempo necesario (en algunos casos más, en otros menos). En muchos casos lo acompaña al tratamiento por adicción, que es la verdadera causa de los problemas.




Y para demostrar que esto no es una utopía, pongo este ejemplo peruano.




En cambio que haríamos en Argentina. ¿Qué haría en mi país con un fiscal que en el 52% de los casos no acusa? Le piden la destitución, por “Incumplimiento de deberes de funcionario” y “peligro para la comunidad”. Lógico: “ese fiscal está para fusilamiento, seguro que es un corrupto, ¡vaya a saber cómo le pagan los delincuentes!”




En estos programas peruanos –porque hay otro centro al Norte, en la ciudad de Chiclayo– por dos años consecutivos las fiscalías que lo aplican ganan el Premio Nacional de Seguridad Pública dado por las fuerzas vivas, por el establishment, que a menudo vive pidiendo sangre.




Entonces, si se logra que el fiscal que no acusa gane el Premio de Seguridad Pública, algo está cambiando en nuestra América. Y les cuento esto no con jactancia; les cuento esto para señalarles que hay algo de utopía, pero una utopía real, una utopía posible, unas repúblicas hermanas que digan “estamos orgullosas de la fuerza vital de nuestros niños, estamos preocupados por lo malo de los adultos que proyectamos sobre ellos, y estamos decididos a trabajar sobre sus agresiones con una vía que no es la que reservamos para nosotros los adultos –que es el derecho penal–, sino en la medida de lo posible (no en todos los casos) con una vía alternativa que respeta los derechos de la persona humana de ese niño, que respete a la víctima y que le brinde a la comunidad lo que desea, que es vivir en paz”.




Todos en América, en nuestra querida América, deseamos vivir en paz. Estamos hartos de la no-paz. La construcción de la paz es múltiple, es difícil –lo digo a los hermanos de Colombia–, pero es posible. Y tratar a nuestros hijos de un modo no violento es la primera piedra para construir Paz.




Muchísimas gracias.





(Tomado de mail de Cuestión Social)

jueves, 10 de junio de 2010

Solo por ser Mujeres¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com
Solo por ser mujeres
Junio 2 del 2010

El año 2010 empezó con una alta dosis de violencia contra las mujeres caribeñas. En la madrugada del primero de enero, en Barranquilla, Clarena Acosta fue asesinada a tiros por su esposo, a pocos metros de sus hijos.

Esta trágica muerte constituye uno de los 20 feminicidios registrados en los siete departamentos de la Costa Atlántica territorial en lo corrido de este año. El alarmante crecimiento de esta cifra llevó a varias organizaciones de mujeres y a la Gobernación del Atlántico a convocar la semana pasada el primer consejo de seguridad de y para mujeres del Caribe.

No es casualidad que el departamento costeño más poblado lidere estas iniciativas. A fin de cuentas, nueve mujeres han sido asesinadas tanto en Barranquilla como en otros municipios en los primeros cinco meses de este año, el mismo número de todo lo reportado en el 2009. En la mayoría de estos casos, el homicidio es perpetrado por la pareja o ex pareja de la víctima y motivado por la separación o por celos enfermizos.

Esta disparada de las agresiones mortales contra las mujeres se presenta en un ambiente de incremento de la violencia intrafamiliar a lo largo y ancho del país.
Según el estudio 'Forensis 2009', de Medicina Legal, en el 2009 ocurrieron en Colombia 61.139 casos de violencia entre parejas -2.500 más que el año anterior- y una tasa de 209 agresiones por cada 100.000 habitantes. Superando de lejos esta media nacional se encuentran ciudades como Bogotá, con 347 casos; Barrancabermeja (560); Popayán (480); San Andrés Isla (440); Villavicencio (378) y Sincelejo (313), entre otras.

Dado que la inmensa mayoría de las agredidas son mujeres, el mapa generado por los datos oficiales revela una sociedad con un serio problema de violencia orientada al género femenino. De hecho, en ese mismo reporte nacional, Medicina Legal atiende esta preocupación e introduce el concepto de feminicidio para cuantificar las muertes violentas de mujeres perpetradas por hombres, por factores asociados al género, en espacios públicos o privados. En otras palabras, identificar los casos en que las personas fueron asesinadas sólo por el hecho de ser mujeres.

Estos son precisamente los incidentes que preocupan a las autoridades y organizaciones feministas del Atlántico. Mujeres acuchilladas, acribilladas, degolladas y estranguladas por ex maridos o esposos, celosos o incapaces de aceptar la separación.

A pesar de lo que indica el sentido común, estos hechos no son tan sencillos de clasificar como feminicidios, ya que se necesita que cumplan los requisitos y establecer tanto la motivación del género como el atributo masculino del autor. Todo esto dificulta el conteo y supone un grado de subregistro importante.

A pesar de tales desafíos estadísticos, en el 2009 Medicina Legal encontró 43 feminicidios íntimos de pareja en Colombia. El estudio detallado de esta cifra confirma la íntima conexión entre la violencia intrafamiliar y el asesinato de mujeres por razones de género: 38 de los 43 casos se dieron en escenarios de maltrato por parejas sentimentales, actuales o pasadas.


Ante el mapa de las agresiones dentro del hogar en el país -con una alta tasa en comparación con otras naciones latinoamericanas, como lo reveló un reciente estudio español-, no es aventurado afirmar que el número total de feminicidios debe ser mayor.
Por ende, la preocupación en Barranquilla por este brutal fenómeno debería ser imitada por el resto de regiones de Colombia. A las campañas de concientización hay que acompañarlas tanto con un castigo más fuerte para estos delitos canallas, como con un estímulo a la mayor denuncia. Policías, jueces y demás autoridades también necesitan hacer un abordaje más sensible de estos casos y desterrar el machismo.

Es inaceptable que hoy el hogar sea más peligroso para las mujeres colombianas que un campo de batalla.

Igual la Violecia Psicologíca a que estan sometidas dentro del mismo hogar agregaría yo, lo que genera una madre anciosa y angustiada para el manejo de los hijos; todavía hay hombres qu eporque llevan el susteto ak hogar las someten a tratos crueles de palabra, de gestos y conllevan a agresiones fisicas.Es una actitud a replatntearse de dónde se genera tanta violencia en las casas.

Crianza d elos niños (tomado de Asistentes Judiciales)

Aprenda cómo lidiar con un papá explosivo para mejorar la crianza y mantener la armonía


La primera recomendación es que mamá y papá se reúnan en privado para definir las normas más importantes de la casa

"La crianza significa transmitir a los hijos la comprensión de por qué hay que hacer las cosas", explica Rafael Vásquez, siquiatra de niños y adolescentes y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

Sin embargo, algunos papás, en su afán por imponer constantemente patrones de conducta en sus hijos, terminan reaccionando de manera agresiva en la crianza de sus hijos y, en consecuencia, generan angustia en sus primogénitos, que no comprenden el mensaje que papá quiere inculcarles.

"Hay que entender que cuando los padres explotan, someten a los pequeños a una gran tensión y la ansiedad no es la mejor ruta para aprender", comenta Vásquez.

De acuerdo con Luz Elena Riveros, sicóloga de niños y jóvenes, el comportamiento violento de un padre no se desarrolla de un momento a otro.

"El papá primero intenta hablar con su hijo; luego, al no ver resultados, lo amenazan y, por último, lo grita o lo golpea".

Sin embargo, según la especialista, un episodio aislado de mal humor difícilmente se convierte en algo cotidiano cuando las reglas de la casa son claras para todos los miembros de la misma.

Por eso, la primera recomendación es que mamá y papá se reúnan en privado para definir las normas más importantes de la casa. De igual manera, deberán acordar la manera de proceder en caso de que los hijos incumplan.

"De esta manera, se evita ir al castigo o al golpe porque la norma está presente", añade.

Si, aun así, el padre pierde el control frente a diferentes situaciones, la mamá deberá tomar las riendas.

"Ella debe esperar a que su pareja se calme. Después puede llevarlo a un lugar apartado y comentarle que esa actitud asusta al niño y lo aleja del aprendizaje", dice Rafael Vásquez.

También conviene revisar la razón por la cual el papá se ofusca con facilidad, pues cuando esta conducta es repetitiva indica que en su vida están ocurriendo situaciones que le producen ansiedad, frustración o incapacidad.

"El papá necesita poner en palabras las dificultades que tiene con la pareja, el jefe o cualquier otra persona", aconseja el especialista.
Si hay diferencias o pleitos con la pareja que desencadenan una reacción inadecuada del papá con sus hijos, lo mejor es tratar de resolver los inconvenientes en privado y sin involucrar a los niños.

"El papá debe tener su propio time out, es decir, pasar tiempo solo mientras se le quita la rabia y distrae la mente. Luego, puede acercarse al niño con tranquilidad", dice Luz Elena. Si la familia no logra solucionar el problema, se recomienda asesorarse de un experto en el tema.

martes, 8 de junio de 2010

¡ Haz que las mujeres cuenten para la paz !

Alerta de acción: Di NO a la violencia sexual en los conflictos
¡ Haz que las mujeres cuenten para la paz !

Las mujeres casi nunca luchan las guerras del mundo, pero a menudo son las que más sufren, y son un blanco sistemático de violencia sexual. Aún así, están apenas presentes en las negociaciones de paz.

Desde ayer y durante el mes de junio, oficiales superiores de mantenimiento de la paz de la ONU abrirán sus puertas por la paz a mujeres activistas en más de 20 países para oír sus inquietudes y recomendaciones para la consolidación de la paz.

Los Días Abiertos para las Mujeres, la Paz y la Seguridad marcan el 10º aniversario de la histórica resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a una participación de las mujeres en pie de igualdad en la consolidación de la paz.

Tú puedes cumplir un rol para hacer que las mujeres cuenten para la paz. Firma la petición de Di NO hoy solicitándoles a los gobiernos que tomen tres medidas simples para convertir a la resolución 1325 en una realidad para las mujeres.

Tu voz PUEDE contribuir al cambio enviando un enérgico mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU mientras delibera cómo acelerar la implementación de la resolución 1325 en octubre de este año.

Di NO te acercará la voz de las mujeres activistas por la paz y del Día Abierto a medida que transcurren los eventos. Mantente informada aquí.

Cordialmente,

El Equipo de la iniciativa Di NO